ISSN 1853-1105





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Tratamiento penitenciario y resocialización de internos en el establecimiento penitenciario de Chimbote, Perú.
Por Rosina Mercedes Gonzales Napurí

INTRODUCCIÓN

Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos indica que el tratamiento tiene por objeto: “...inculcarles la voluntad de vivir conforme a ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad”. Asimismo, indica que el tratamiento “deberá recurrir a la asistencia religiosa, a la instrucción, a la orientación y formación profesional, a métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada recluso”. Así también no puede estudiarse aisladamente el Tratamiento Penitenciario con fines a la Resocialización de los internos sin comprenderse al sistema penitenciario y a la realidad carcelaria que lo engloba en su conjunto y que es el escenario en que se desarrollan.
El Tratamiento Penitenciario en el Perú tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. El tratamiento consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos – o más precisamente andragógicos – sociales, laborales, y aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno. El tratamiento penitenciario en las cárceles está aún lejos de cumplir con las exigencias mínimas de esta norma. Los factores son diversos, destacando: el insuficiente personal para  realizar esta labor, la falta de recursos logísticos para desarrollar adecuadamente las tareas de tratamiento, las dificultades en la infraestructura, la clasificación de internos de acuerdo a determinadas variables (primarios, reincidentes, bandas organizadas, jóvenes, adultos, etc.), el trato del personal, entre otros.
El tratamiento es progresivo y comprende el desarrollo de programas de resocialización del interno en forma individualizada y grupal según la naturaleza de la atención. Será aplicado en forma multidisciplinaria por los profesionales y técnicos de tratamiento, promoviendo la participación del interno, así como de instituciones públicas y privadas, la familia y la sociedad”.  Esta explicación, con más detalle sobre tratamiento, nos lleva a concluir que lamentablemente los planes y programas que se aplican no son los adecuados, pues la cárcel actual no rehabilita, sino genera mayor delincuencia y criminalidad.
La investigación aporta datos concretos y actualizados del Tratamiento Penitenciario y la Resocialización protagonizada por los internos del establecimiento penitenciario de Chimbote en el ámbito territorial de Ancash - Perú. El periodo de estudio se sitúa entre enero de 2005 y diciembre del 2008. En este último año, la población objeto de estudio la compone la sumatoria de setecientos ochenta y cuatro internos del  Establecimiento Penal de Chimbote, de los cuales 388 son procesados y 396 son sentenciados, cuantifica, máxime el universo encuestal de nuestro trabajo.
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, aquel reúne por su nivel las características de un estudio descriptivo, explicativo y correlacionado. Se constituye el presente estudio según el tipo de investigación, por su finalidad en básica y por su profundidad en mixta (descriptiva-explicativa).
Al finalizar el presente trabajo de investigación, aquel deberá servir como guía de orientación para futuros estudios y trabajos de investigación, se aspira como el todo trabajo de investigación el logro del desarrollo y progreso en la sociedad chimbotana  y como modelo, al instituirse en los establecimientos penitenciarios del país tendrá impacto y repercusiones en el desarrollo de la sociedad a nivel nacional, tanto en sus aspectos socioeconómico, sociojurídico, político, cultural, religioso y educativo.


CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO  METODOLÓGICO:

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

El planteamiento del problema comienza por determinar si se castiga al delincuente con el fin de realizar justicia, o se le castiga para proteger los bienes jurídicos de la sociedad, y si luego de ello, se efectúa la resocialización del penado en la sociedad.

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

En el Establecimiento Penal de Chimbote, en base a estudios realizados de hechos acontecidos durante el período de los años 2005 al 2008, se vienen observando la existencia de condiciones y situaciones deplorables de encarcelamiento y severos incumplimientos de normas de tratamiento penitenciario que repercuten en la formación humanística y sobre todo en el fracaso del logro de resocialización de los internos.
En la actualidad vienen siendo trasladados de otros penales, peligrosos delincuentes sentenciados por delitos graves como Terrorismo, Robo Agravado, Secuestro, donde pese a este pronunciado hacinamiento no se efectúa la separación entre las personas que esperan ser procesadas con las personas que ya han sido sentenciadas, tampoco se realiza la separación por delitos, situación que por sí misma acarrea el aprendizaje de nuevas conductas delictivas y el perfeccionamiento de las mismas por parte de los internos más inexpertos del penal. La falta de atención médica y las condiciones de insalubridad han traído consigo la adquisición de graves enfermedades crónicas que podrían ser fácilmente transmitidas a sus familiares que vienen a verlos. La carencia de alimentos conlleva a la desnutrición, enfermedad o muerte del recluso.
También acontece la corrupción de los órganos administradores del establecimiento penitenciario, donde a la fecha han sido renovados de sus cargos tanto el Director como el Sub-Director del Penal, así mismo puede evidenciarse también  de los agentes de seguridad o miembros de la Policía Nacional, quienes exigen coimas tanto a los reclusos así como a los familiares de estos, pasando por desapercibido algunas infracciones e indisciplinas obteniendo de los reclusos cierta cooperación en la venta de droga y licor y cierto “respeto”.  Al establecerse relaciones veladas entre celador y recluso se forman las denominadas “subculturas” y todo ello sucede a vista y paciencia de los miembros de seguridad, trayendo consigo como muestra de ello por ejemplo: la promiscuidad. Esta situación conlleva a no lograrse la resocialización de los internos del Establecimiento Penal de Chimbote.
La crisis del sistema penitenciario y las preocupaciones gubernamentales por encontrar alternativas de solución idónea es una constante que aún espera respuesta adecuada. Dentro de este panorama crítico, tanto desde las vertientes valorativas y político sociales, así como desde los resultados de estudios empíricos, respecto al fin resocializador de la pena, nuestro Código de Ejecución Penal sigue la perspectiva de reeducar al delincuente a través de una política de tratamiento interdisciplinario que no es novedoso sino que tiene ya 33 años de vigencia legal desde 1969; sin embargo, entre la ley y la realidad fáctica del establecimientos penal de Chimbote hay aún un abismo que debe ser superado.  
Precisando el ámbito del problema, debemos señalar que la elaboración de un plan especial de tratamiento penitenciario debe partir del diagnóstico objetivo de la realidad carcelaria en todos sus aspectos. En consecuencia, el primer paso a seguir es la exploración o diagnóstico de la realidad, a efectos de poder determinar cuál es la situación  de la infraestructura penitenciaria, la magnitud de la población penal entre procesados y condenados, el estado de la seguridad, la salud, el trabajo, la educación y el personal penitenciario.
El hacinamiento generalizado en el establecimiento penal de Chimbote es el aspecto del problema de mayor connotación social y repercusión pública cuyo tratamiento  debe merecer atención preferente y urgente, mas ello no agota  el complejo problema del tratamiento penitenciario.
Desde una perspectiva doctrinaria, La teoría de los fines de la pena, afecta decisivamente al fundamento, a la determinación y medición, y a la ejecución de la pena.
Esta es la principal cuestión de toda Política Criminal. No existe acuerdo en cuanto al fundamento de la pena, porque hoy, casi nadie mantiene una concepción exclusivamente retribucionista pura de los fines de la pena. Las discrepancias se producen porque unos, asignan a la pena una finalidad preventiva junto con la retributiva, y otros, una función meramente preventiva. Sea que se opte por una u otra, la cuestión está en determinar si dicha decisión permite realizar en la práctica uno de los fines de la pena: la resocialización del penado a la comunidad, o si ésta, es sólo un mito.
Sin embargo, casi nadie ha abogado por una exclusiva toma de posición respecto a una u otra teoría, sino que, se ha aceptado la unión de ambas.
Teniendo en cuenta lo expuesto, no cabe duda que el derecho penal debe convertirse en un medio eficaz de control social, de protección del orden jurídico, a través de la imposición de una sanción como medio para desmotivar la comisión de delitos; sin embargo, la realidad demuestra lo contrario, ya que, estamos ante el fracaso del sistema de sanciones porque el sistema penal no ha dejado ningún resquicio a la resocialización del condenado, por el contrario, la desorganización del sistema ha contribuido a que la resocialización, como uno de los fines de la pena, se haya convertido en un mito, y que el delincuente cuando deja la prisión vuelva a delinquir.
La resocialización, sólo es posible cuando el individuo a resocializar y el encargado de llevarla a cabo tienen o aceptan el mismo fundamento moral que la norma social de referencia, cuando existe identidad entre los que crean las normas y sus destinatarios. Una resocialización sin esta coincidencia básica significa sometimiento. Así también, la resocialización requiere de medios y de personal capacitado para llevarlo a cabo.

1.1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

Es el reconocimiento de una dificultad (cuestión criminógena); que afecta a la sociedad, urgiendo la consecución de una solución ad hoc, que proteja a la colectividad. Por lo que requiere un examen explicativo, puesto que los sucesos fenoménicos no guardan concordancia con las teorías admitidas.

1.1.2.1. ENUNCIADO:

Al respecto se formula  una cuestión, destinada a precisar el problema general ¿Cuáles son las causas determinantes de la deficiencia del Tratamiento Penitenciario en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote y en que manera impactan en la resocialización de los internos?.

1.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:

1.2.1. HIPÓTESIS GENERAL:

El incumplimiento de las Normas sobre Tratamiento Penitenciario sumado a la ausencia de adecuadas políticas penitenciarias del Estado, la existencia de un sistema judicial penal anacrónico y a la falta de  implementación de métodos científicos de tratamiento resocializador, son las causas determinantes para darse la deficiencia del Tratamiento Penitenciario y el consecuente fracaso del logro de la resocialización en los internos del Establecimiento Penal de Chimbote.

1.2.2. SUB-HIPÓTESIS:
Si el problema del incumplimiento de las Normas sobre Tratamiento Penitenciario en materias de: trabajo, educación, salud, asistencia social, asistencia legal, asistencia psicológica y asistencia religiosa, sumado a la ausencia de adecuadas políticas penitenciarias del Estado, la existencia de un sistema judicial penal anacrónico y a la falta de  implementación de métodos científicos de tratamiento resocializador  está desintegrado, entonces, incide en la eficiencia del Tratamiento Penitenciario y en el logro de  la resocialización de los internos del establecimiento penitenciario de Chimbote.

1. 3. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Por su relación de dependencia, tenemos las siguientes variables:

VARIABLE INDEPENDIENTE:
Incumplimiento de Normas sobre Tratamiento Penitenciario.

VARIABLE INTERVINIENTE:
Ausencia de adecuadas políticas penitenciarias del Estado.
Existencia de un sistema judicial penal anacrónico.
Falta de  implementación de métodos de tratamiento resocializador.

VARIABLE DEPENDIENTE:
Crisis de la resocialización de internos.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL.

Demostrar que la deficiencia del Tratamiento Penitenciario aplicado de los internos del Establecimiento Penitenciario de Chimbote está asociada principalmente al incumplimiento de las Normas sobre Tratamiento Penitenciario sumado a la ausencia de adecuadas políticas penitenciarias del Estado, la existencia de un sistema judicial penal anacrónico y a la falta de  implementación de métodos científicos de tratamiento resocializador.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Elaborar un diagnóstico situacional actual del Tratamiento Penitenciario que ha sido aplicado a los internos en el Establecimiento Penal de Chimbote.
2. Identificar y evaluar las causas determinantes de la deficiencia del Tratamiento Penitenciario.
3. Evaluar los efectos o impactos que ha generado la deficiencia del Tratamiento Penitenciario en la resocialización de los internos y en el ámbito laboral, educativo, social y familiar de aquellos.
4. Identificar los tipos de estrategias que se han implementado en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote y evaluar su repercusión en la resocialización de los internos.

1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.-

En lo que respecta estrictamente al enfoque particular en el tema de investigación, referido al tratamiento penitenciario y resocialización de internos en el establecimiento penal de Chimbote, no existen investigaciones anteriores o previas, por lo tanto al no existir otro trabajo que contenga esta estructura, sentido y enfoque, se puede considerar a la presente investigación como original e inédita.
Sin embargo, cabe mencionar desde el punto de vista general y global, que aquello es ilusorio, pues todo tema de investigación siempre guarda relación de alguna forma con otros temas o sub-temas, por lo que es imposible aislarlo; estando el presente trabajo de investigación relacionado con trabajos de tesis, revistas, monografías y artículos realizados por estudiantes de universidades estatales y privadas, nacionales y extranjeras, en temas relacionados directa e indirectamente como por ejemplo: el sentido de la pena, la cárcel y sus fines, la ejecución penal, el tratamiento penitenciario, el régimen penitenciario, la realidad carcelaria, la readaptación del interno, la eficacia del tratamiento en el interno, entre otros.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y LA RESOCIALIZACIÓN:

2.1. MARCO HISTÓRICO

A lo largo de la historia siempre nos hemos encontrado con cárceles, calabozos o incluso mazmorras que alojaban a presos, pero a medida que la sociedad peruana ha ido cambiando las cárceles también han ido evolucionando hasta convertirse prácticamente en sociedades marginales aisladas completamente de las ciudades, en donde las mejoras del tratamiento y la resocialización son difíciles de alcanzar.

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.-

Cuello Calón, Eugenio citando al doctrinario penalista Bernaldo de Quirós, respecto a los inicios de la pena, tratamiento penitenciario y de la resocialización  nos dice “que para castigar al culpable, fue necesario aprehenderlo físicamente, y evitar su fuga mientras aguardara el juicio. Primero fueron brazos humanos que sujetan al malhechor, luego un árbol o un poste. Con el correr del tiempo, los procesos se complican y se dilatan, entonces se utilizan fortalezas para que los condenados esperen su sentencia que será seguramente la muerte, mutilaciones o azotes.
En la Edad Media, aparece como pena del Derecho canónico, destinada a los clérigos que hubieran infringido reglas eclesiásticas, y a los delincuentes juzgados por la jurisdicción canónica. El objetivo de esta pena es el arrepentimiento del culpable y tiene el carácter de penitencia. Este es el punto de arranque del concepto de la prisión como pena privativa de la libertad y de su concepción reformadora o resocializadora.
Otro hecho fundamental en materia penitenciaria, lo constituye la creación de la prisión de Gante, erigida por el burgomaestre Juan Vilain en 1775. En ella se encuentra por primera vez un principio de clasificación de los delincuentes” .
John Hacvard horrorizado por la desolación y la miseria que encontró en ellas, escribió su famoso libro The Status of Prisions  proponiendo importantes innovaciones, como el aislamiento nocturno de los presos, la instrucción religiosa como medio de reforma moral, la insistencia en una organización seria del trabajo en las prisiones, y el derecho de los penados a un régimen sanitario y alimenticio higiénico y adecuado.
La Rehabilitación del Penado  según Itzigsohn María “se refería plenamente a la recuperación de la capacidad civil. Se establecía que el penado perdía su capacidad civil en el momento en que se dictaba la sentencia firme que imponía la condena y, además, sufría una inhabilitación que podía ser absoluta o especial” .

2.1.2. CONDICIONES CARCELARIAS EN EL PERÚ.-

Los Legisladores y los miembros del Poder Ejecutivo y los implementadores de las agencias jurídico-penales, debieran realizar previamente un diagnóstico exhaustivo de la realidad histórico social de un Establecimiento Penal que les permita detectar las causas y su influencia en la comisión de acciones delictivas. Desconocer la realidad precitada, es dejarse conducir equivocadamente por la Actio Personalis, que es el abuso del poder y menoscabo del derecho de los demás.
a) Rol de los Representantes del Estado.-
Son los que dan origen a la delincuencia y a otras actividades lesivas a la misma sociedad, y, aunque parezca paradójico no han previsto los males que causan: la falta de empleo, la recesión económica, etc. Se han limitado a dar amplia protección a la clase política y económica de alto nivel, olvidándose quizás, de por vida, a la clase mayoritaria.
El Estado y los implementadores del sistema judicial sobre el condenado tienen una gran responsabilidad: el de  “RESOCIALIZARLO”.
b) Maltrato de los Presidiarios.-
Uno de los problemas básicos en los que se encuentra el personal de las prisiones, es la conducta hermética y la insensibilidad que manifiestan en su interrelación con los presidiarios. Lo único que hacen es presionar verticalmente para hacer cumplir su actividad pertinente.
Sostiene Ramos Suyo, Juan Abraham “que existen dos líneas defensoras respecto al enfoque de los presidiarios:
Los defensores de la línea conservadora sostienen que a los presidiarios hostiles y reacios se les tiene que 'domar', incomunicarles totalmente en sus celdas especiales, infligirles altos castigos a todo el cuerpo y a la mente, asignándoles enseguida policía y personal de seguridad permanente.
En cambio, los defensores de la línea democrática, consideran que es preciso dar a los presidiarios ciertas oportunidades socio-morales y socio-éticas, procurando aminorar sus rencores o resentimientos con los miembros del inoperante sistema carcelario.
c) El Estado de los Internos.-
Hablar de los servicios de salud, es hablar de puras deficiencias, ya que de los 83 establecimientos penitenciarios del país, el 58% no cuenta con las mínimas condiciones de infraestructura, de salud que sería necesaria para una atención idónea de la población de internos.
La escasez de alimentos sin hablar de la abyecta antihigiene del local hace que los presidiarios, pidan que mejore la ración alimenticia. El otro arduo problema de la cárcel es el hacinamiento: las poblaciones quintuplican su capacidad real y su infraestructura se encuentra deteriorada.
d) Problema de la Administración Penitenciaria.-
El personal penitenciario tiene una responsabilidad trascendental: solucionar el levantamiento de motines, revueltas, toma de rehenes, evasiones, fugas, riñas en los interiores, etc. El personal penitenciario que observa estos acontecimientos no sólo debe limitarse a sancionar a los presidiarios a través de la coerción,  flagelo, trato inhumano, impedirles el consumo de sus alimentos, etc. sino que debe hacer resaltar su verdadera función de penitenciarios: educar, culturizar, dialogar permanentemente, con cada uno de ellos: porque no hay personas incorregibles sino por corregirse.
En la capacitación a los Agentes de la Administración Penitenciaria y Agentes de Seguridad deberán de intervenir también necesariamente el personal parajudicial: sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, médicos, psiquiatras, nutricionistas, obstetrices, etc. De no estar capacitado el personal en referencia, sería poquísima la posibilidad de progreso y desarrollo en el campo penitenciario.


2.2.  MARCO TEÓRICO:

2.2.1. TEORÍAS CIENTÍFICAS FUNDAMENTALES

2.2.1.1 LAS TEORÍAS CLÁSICAS DE LA PENA POR FEIJÓO SÁNCHEZ, BERNARDO JOSÉ
 
Para el estudio amplio de las Teorías Clásicas de la Pena, se debe de partir teniendo en consideración en primer lugar las distintas perspectivas referentes al tema en estudio.
Desde la perspectiva iusfilosófica: el concepto de pena. El Derecho penal es hoy en día, en esencia, Derecho público y la pena es una manifestación estatal. Pero además conceptual o institucionalmente la pena es retribución” . Para el Dr. Feijóo Sánchez la primera premisa que debe considerarse para el estudio de las teorías clásicas de la penas es el conjunto de enfoques o perspectivas que existen sobre el tema, destaca la iusfilosófica donde el concepto de pena deriva de la manifestación del derecho público y en consecuencia constituye una retribución.
Desde la perspectiva empírica: los efectos fácticos o empíricos de la pena. “La pena es una institución compleja que suele tener una serie de efectos fácticos o secundarios que no determinan su sentido pero que pueden ser tenidos en cuenta a efectos de argumentar cuáles son los fines de la pena. La pena no sólo es un mal buscado sino que en muchas ocasiones tiene efectos negativos no pretendidos con su imposición (desocialización, estigmatización, contaminación, etc.). Es sabido que la pena de prisión tiene efectos en la familia del condenado o en personas que dependen de él (hijos, esposa, pareja, empleados, etc.) y en el propio condenado al tener un efecto criminógeno o desocializador, o de distanciamiento social generado por el carácter estigmatizante de la pena” . Sin embargo, la pena trasciende mas allá del marco de los efectos queridos con su imposición y no sólo para el condenado, sino en su familia y en personas que dependen de aquel.
Desde la  perspectiva normativa o axiológica. La discusión sobre la teoría de la pena se centra, principalmente, en la cuestión de la legitimidad de la pena que es lo mismo que la legitimidad del sistema normativo central del Derecho penal.
 
2.2.1.1.1. LAS TEORÍAS ABSOLUTAS DE LA PENA

Estas teorías se han mantenido desde posiciones religiosas y filosóficas. Las aportaciones intelectuales más interesantes provienen del idealismo alemán: KANT, que defiende que la pena debe ser del mismo tipo que el delito cometido; y HEGEL, que no defiende que la conexión entre pena y delito resida en que sean del mismo tipo sino del mismo valor.
Se puede afirmar que “la concepción absoluta de la pena más clásica”  es la formulada por KANT en Metaphysik Der Sitten. Sobre el Retribucionismo puede afirmarse que uno de  los orígenes de estas teorías absolutas están en el filósofo Kant. Para contextualizar correctamente la posición de KANT “hay que tener en cuenta que en esta obra sobre la moralidad  se refería a un estado ideal atemporal  -una república moral” . El filósofo Kant se basa en que el hombre es un fin en si mismo y no se le puede utilizar para utilidades de carácter social. Para él, la pena no persigue ningún fin. Se funda en un imperativo categórico. Es una teoría ética. La pena está enteramente libre de fines que pudieran alcanzarse con ella.
KANT considera que la pena no puede ser entendida como un medio para promover otro bien, sea éste que el autor no vuelva a delinquir (prevención especial) o que sean otros miembros de la sociedad los que no vuelvan a delinquir (prevención general). Es necesario siempre que la pena se imponga al delincuente sólo por una razón: porque ha delinquido y por ello se merece la pena.
Según Feijóo “El delincuente tiene que sufrir aquella máxima que considera que debería ser una ley general” .  La finalidad de la pena tiene que ser que el individuo no vuelva a delinquir, la mejor forma de lograrlo es la estancia en prisión y recurrir a la pena de muerte si es necesario, a través de la retribución que Kant considera fundamentado en la Ley del talión.
En cuanto al pensamiento de HEGEL  desde el punto de vista de Feijóo Sánchez, éste tiene un punto de partida distinto al de KANT: “tiene en cuenta la pena en un "Estado temporal" y por ello defiende una teoría retributiva más moderna en la cual la pena debe tener el mismo valor simbólico que el delito, desarrollando realmente una teoría de la pena estatal como un instrumento que cumple una función dentro de su teoría del Estado”.  En coincidencia con Kant, tampoco Hegel reconoce finalidades de prevención, como el mejoramiento y la intimidación, como fines de la pena.
La pena sólo tiene sentido si responde a una acción anterior (retribución), con independencia de la finalidad político-criminal que le queramos otorgar a la imposición de la pena.

2.2.1.1.2.  TEORÍAS RELATIVAS I: LA PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA

Las teorías de la prevención general buscan sus efectos no con respecto al delincuente sino con respecto al resto de los ciudadanos o de la sociedad que es lo que las diferencia del otro gran grupo de teorías preventivas, las teorías de la prevención especial, que pretenden que el delincuente condenado no vuelva a delinquir en el futuro. Sólo se hará referencia a la prevención general negativa o intimidatoria por tratarse de la concepción más clásica -durante mucho tiempo la única- de la prevención general. La finalidad de este modelo preventivo es evitar en el futuro la comisión de hechos delictivos, intimidando o coaccionando psicológicamente a los potenciales delincuentes.
Para ello se debe mencionar a  La teoría de la coacción psicológica de Feuerbach.- Feijóo Sánchez sostiene lo siguiente: “El Estado tiene la función de evitar mediante la coacción psicológica que el que tenga inclinaciones antijurídicas realmente vea determinado su comportamiento por dichas inclinaciones. Las inclinaciones incívicas (antijurídicas) no se deben convertir en acciones (hechos externos).
FEUERBACH no vincula la función intimidatoria a la imposición de la pena, sino a la amenaza con pena previa a la comisión del delito.  La pena en sí misma como mal que se sufre no es más que una consecuencia del delito jurídicamente necesaria (retribución)” . En síntesis, la pena es la consecuencia jurídica del delito que, en virtud del principio de legalidad se encuentra establecida previamente en la norma jurídico-penal como tal. "La ejecución de la pena debe intimidar sólo de forma mediata, en la medida en la que convierte la amenaza legal en una amenaza real o factible. La finalidad de la pena es en definitiva prevención, pero nunca a través de la ejecución sino a través de la amenaza".
Sin embargo se  trata de una teoría típicamente liberal que tiene en cuenta la importancia de las garantías jurídicas, la seguridad jurídica y la debida previsibilidad de las consecuencias jurídicas.

2.2.1.1.3.  TEORÍAS RELATIVAS II: LA PREVENCIÓN ESPECIAL

Tiene como objetivo alejar al delincuente de futuros hechos delictivos, es decir, prevenir la reincidencia. Esta teoría tiene una visión fáctica del delito de acuerdo con la cual el delincuente no es entendido normativamente o como un ser objetiva o subjetivamente racional sino como un foco de peligro para bienes jurídicos a los que el derecho debe proteger. El fin de la pena pasa a ser la lucha contra dicho carácter peligroso.
La prevención especial tuvo un especial auge en los años sesenta y setenta, sobre todo a través del término resocialización –o, más bien, en muchos casos socialización- (que quedó plasmado en el art. 25.2 de la Constitución española y como claro referente doctrinal lo tuvo a V. Liszt.
a) Prevención especial en la historia del pensamiento penal español.- 
En “España cabe destacar -junto a la influencia de la escuela positiva italiana y la escuela sociológica de V. LlSZT- el correccionalismo (CONCEPCIÓN ARENAL, LUIS SILVELA, FELIX ARAMBURÚ y ZULOAGA, PEDRO DORADO MONTERO)” . El correccionalismo tuvo una amplia difusión en España en la segunda mitad del siglo XIX, por lo que se puede hablar de un Escuela Española. Existía una predisposición al correccionalismo, pero los autores españoles fundieron "aquellas doctrinas en un eclecticismo de buen sentido, como alguien ha dicho".
La idea de que el delincuente es un ser débil necesitado de tutela y corrección más que una teoría de la pena supuso el desarrollo de una estrategia penitenciaria como es evidente en la obra de CONCEPCIÓN ARENAL. La idea central era que el inclinado a la injusticia era como un menor de edad o un enfermo que necesitaba reeducación o cura (corrección). El fin de la pena es según esta tendencia española ejercer un influjo bienhechor en el penado como medio idóneo para su corrección o enmienda.
b) La prevención especial en el pensamiento orientado a fines de V. LISZT.
Feijóo Sánchez “señala que  V. LISZT planteó una nueva teoría político-criminal realista o sociológica que pretende sustituir la pena basada en la retribución por el hecho ajena a cualquier finalidad por una pena que tenga como fin la consecuención de efectos prácticos en el problema de la delincuencia (pena-fin). Ello se canaliza a través de los efectos preventivo especiales de la pena.
El delito es entendido como un fenómeno de patología social y por ello el Derecho penal tiene que ocuparse más del delincuente que del delito. La manera cómo debe desarrollar el Derecho penal esta función político-criminal queda expuesta en el conocido Programa de Marburgo de 1882; en esta obra, claramente influenciada desde el principio por la obra de IHERING: El Fin en el derecho de 1877, V.LISZT considera que la pena correcta y justa es sólo la pena necesaria y la idea de fin determina no sólo el si sino también el cuánto de la pena.
La pena -definida conceptualmente como protección de bienes jurídicos mediante lesión de bienes jurídicos- es sólo un medio para el fin que se persigue. De acuerdo con esta idea la pena no es retribución sino coacción (reglada) que se dirige contra la voluntad del delincuente.
 La objeción más importante que cabe hacer a la prevención especial como función esencial del Derecho penal, no como función secundaria o limitadora, es que se trata a los ciudadanos libres y responsables como inimputables o niños, lo cual atenta contra su dignidad como personas. No se distingue entre seres humanos a los que se reconoce responsabilidad y seres humanos que no gozan de dicha capacidad.
Como críticas empíricas la criminología más moderna ha demostrado como salvo casos muy excepcionales no es posible hablar de delincuentes incorregibles, sobre todo a partir de una etapa de plena madurez como los 30 años. No es posible de antemano desechar con ningún tipo de autor culpable la probabilidad de la resocialización.
En definitiva, la resocialización a través del tratamiento debe ser reformulada por sus problemas prácticos y valorativos. Ésta debe ser entendida como un derecho social de colaboración con los propósitos del delincuente que no quiere volver a delinquir y un ofrecimiento de opciones y ayudas, pero siempre evitando la manipulación de esferas íntimas de las personas o la coacción que están vedadas a la intervención del Estado.

2.2.1.1.4. LAS TEORIAS DE LA UNIÓN O TEORIAS MIXTAS DE LA PENA

Estas teorías como lo señala Feijóo Sánchez “no explican cómo se pueden fusionar metodológicamente principios que se excluyen y que conducen a consecuencias punitivas muy distintas. Por ejemplo, cómo entender que el fundamento de la pena tiene que ver no sólo con la culpabilidad sino también con la peligrosidad, o cómo resolver las diferentes consecuencias punitivas que puede tener el hecho de que el juzgador se fije en las necesidades de prevención especial o de intimidación general. ¿Cómo fusionar teorías que los autores que las proponen las han planteado como contrarias entre sí?” .  En el fondo resulta absurda según Feijóo Sánchez la fusión de estas teorías ya que dogmáticamente constituyen contrarias desde su planteamiento individual.
Por lo que la pena suele cumplir una pluralidad de funciones o de fines, pero ello no significa que todos se encuentren en un mismo nivel de relevancia. Ello es metodológicamente imposible y da lugar a puntos de fricción o colisión imposibles de resolver desde esta perspectiva.

2.2.1.2. LA TEORÍA UNIFICADORA DIALÉCTICA DE ROXIN A LA LUZ DE  BECCARIA

Ni las teorías de la expiación, la retribución y la prevención lograron en forma separada dar cuenta del por qué el Estado se reservaba para sí la capacidad de castigar ciertas conductas y personas. Ante esta problemática, surge una teoría ecléctica - la de la unión- y otra que recoge los postulados de las concepciones tradicionales en diferentes estadios en que el Derecho Penal se nos da a conocer.

I. LA TEORÍA UNIFICADORA DIALÉCTICA

Señala Roxin lo siguiente: "El derecho penal se enfrenta al individuo de tres maneras: amenazando, imponiendo y ejecutando penas; y que esas tres esferas de actividad estatal necesitan de justificación cada una por separado" . Así, la sistemática del Derecho penal demanda la vigencia de sus principios rectores independientemente de la oportunidad en que se realizan sus fines, esto es en tanto conminación, imposición de condenas y ejecución.
Por ello es necesario proceder a analizar dichas instancias con referencia a la figura de la pena:
1. Las conminaciones de pena: El Estado debe asegurar a los resi¬dentes de su territorio las condiciones de una existencia que satisfaga sus necesidades vitales, lo que se logrará con la protección de los bienes jurídicos y el aseguramiento del cumplimiento de las prestaciones públicas primarias.
2. Imposición y medición de la pena: "Lo que se pone a discusión no es la adecuación del fin, sino la conformidad a Derecho del medio" . El fin de la imposición de la pena, según señala ROXIN, es fundamentar la efectividad de la amenaza legal del “jus puniendi” del Estado contra el delincuente; por cuanto, sin esa amenaza sería vana e inocua.
3. La ejecución de la pena sólo puede estar justificada "si persigue esta meta en la medida en que ello es posible, es decir, si tiene como contenido la reincorporación del delincuente a la comunidad. Así, pues, sólo está indicada una ejecución resocializadora" . En esta etapa o fase de realización de la pena se justifica, sólo si persigue la reinserción, readaptación y reeducación social del sentenciado y su regreso a su familia y a la sociedad, corregido de su conducta.

II. BECCARIA A LA LUZ DE LA TEORÍA UNIFICADORA DIALÉCTICA

Beccaria identifica claramente las tres instancias penales, la imposición de la pena, la intimidación con el castigo a los demás y su ejecución en la persona del reo. Con respecto a la imposición es claro que la pena es un mal, un "terrible castigo". La pena debe ser equilibrada al delito cometido, igualmente distingue la pena de su finalidad. La pena, como ya se anotó, es un mal y su medida radica en los delitos, los cuales a su vez se miden por "el daño de la sociedad” en tanto que su finalidad en cambio, es la de impedir al reo que realice nuevos daños y el de apartar a los demás de cometer delitos, con el fin de garantizar que la sociedad, producto del acuerdo (tesis contractualista), pueda continuar como tal.
Beccaria sólo en casos excepcionales justifica la imposición de penas sin atender el carácter retributivo, como lo es la muerte en caso de una peligrosidad tal del individuo que amenace seriamente a la sociedad, la infamia (que igualmente excepciona al principio de legalidad al afirmar que "no está en el arbitrio de la ley") y el destierro; y excluye la utilidad de la pena para castigar delitos quedados en el olvido o que prescribieron. 
Así para Beccaria lo que intimida fundamentalmente es la pena, para Roxin es la ley. La segunda discrepancia consiste en el principio al cual se adhieren para presuponer la culpabilidad del autor del delito. Beccaria parte del libre albedrío  . La responsabilidad penal de la persona encuentra sustento en el libre albedrío y de imputabilidad moral partiéndose de la premisa que el delincuente es una persona normal que cuenta con libertad para decidir sus actos y que, inclinándose por el delito, deberá soportar la pena.

2.2.1.3. EL SENTIDO Y LÍMITES DE LA PENA ESTATAL POR CLAUS ROXIN

La pregunta acerca del sentido de la pena estatal se plantea, nueva, en todas las épocas. En efecto, no se trata en primer término de un problema teórico, ni por tanto de reflexiones como las que se suelen hacer en otros campos sobre el sentido de esta o aquella manifestación de la vida, sino de un tema de acuciante actualidad práctica: ¿Cómo y bajo qué presupuestos puede justificarse que el grupo de hombres asociados en el Estado prive de libertad a alguno de sus miembros o intervenga de otro modo, conformando su vida, en su existencia social?..
Es ésta una pregunta acerca de la legitimación y los límites de la fuerza estatal; de ahí que no nos podamos contentar con las respuestas del pasado, sino que la situación histórico-espiritual, constitucional y social del presente respectivo exige que se penetre intelectualmente en un complejo de múltiples capas, bajo aspectos continuamente transformados.

I. La primera respuesta la da la llamada «teoría de la retribución». Para ella el sentido de la pena estriba en que la culpabilidad del autor sea compensada mediante la imposición de un mal penal.
II. La segunda solución, a la que se tiene que dirigir nuestra crítica, es la teoría de la llamada prevención especial. Esta no quiere retribuir el hecho pasado, sino que ve la justificación de la pena en que debe prevenir nuevos delitos del autor. Ello puede ocurrir de tres maneras: corrigiendo al corregible, esto es lo que hoy llamamos resocialización; intimidando al que por lo menos todavía es intimidable; y, finalmente, haciendo inofensivo mediante la pena de privación de libertad á los que ni son corregibles ni intimidables.
1. Actualmente en el extranjero está teoría ha cobrado una gran influencia, a veces dominante, gracias al movimiento internacional de la «defensa social».
III. La tercera de las respuestas tradicionales ve el sentido y fin de la pena, en sus efectos intimidatorios sobre la generalidad, en la llamada prevención general.
En cambio, una teoría unificadora dialéctica, como la que aquí se mantiene, pretende evitar la exageración unilateral y dirigir los diversos fines de la pena hacia vías socialmente constructivas, al lograr el equilibrio de todos los principios mediante el procedimiento de restricciones recíprocas.
Se puede denominar dialéctica dicha concepción, en cuanto que acentúa lo antitético de los diversos puntos de vista e intenta reunirlos en una síntesis. Dicho procedimiento no es un esquema constructivo, sino que viene prefijado por la naturaleza de las cosas. 
En efecto, la realidad social exige terminantemente que la comunidad esté protegida de agresiones del individuo, pero también que el individuo lo esté de la presión excesiva por parte de la sociedad.

2.2.1.4. MODELOS BIOLÓGICOS – CONDUCTUALES POR: GARCIA-PABLOS DE MOLINA, ANTONIO.(MODELOS DE CONDICIONAMIENTO DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN)

García-Pablos de Molina, Antonio en suTratado de criminología del año 1999 en España, nos señala un primer grupo de modelos explicativos del comportamiento criminal que refieren a la socialización del individuo, y dicha socialización a procesos de condicionamiento. Por lo tanto el comportamiento delictivo, pues, parece derivar entonces de fallos o deficiencias en el condicionamiento dél proceso de socialización.

1.-    EL MODELO DE CONDICIONAMIENTO DE EYSENCK.-

Respecto a la Socialización y Proceso de Condicionamiento: Aprendizaje “clásico” y Aprendizaje “instrumental”.- “El comportamiento social se adquiere a través de un proceso de condicionamiento, cuyo resultado final depende, básicamente, de tres variables: la condicionabilidad de cada individuo (esto es: la rapidez de adquisición y la resistencia a la extinción de las respuestas condicionadas, lo que, en buena medida depende del código genético de la persona), el grado de condicionamiento y el modelo de éste” . El modelo de condicionamiento de Eysenck reconoce que la conducta delictiva se halla fuertemente influenciada por factores genéticos, como lo está también otras variables de personalidad.
Concerniente al Tratamiento del delincuente.- En cuanto al tratamiento del delincuente, Eysenck sugiere tres criterios:  a)  La intervención directa en aquél (sistema neurológico, endocrino, etc.), b)  La  utilización  de  técnicas  de  modificación  de  conducta  sobre  la  base  del  “condicionamiento operante” (Vg. Economía de fichas) y;  c)  el marco del “régimen abierto” para la ejecución de todos los programas de  rehabilitación.  

2-   EL MODELO DE PÉREZ SÁNCHEZ.-

PÉREZ SÁNCHEZ llega a la conclusión de qué la “necesidad de estimulación" es el dato común que explica la relación de las variables “E” (extraversión) y “P” (psicoticismo) con la delincuencia: una acusada necesidad de estimulación sería elemento esencial en la génesis de la conducta antisocial.
Según esto, las personas con gran necesidad de estimulación para conseguir un rendimiento óptimo (debido aun bajo nivel de activación cortical, probablemente) serían las más propensas a las conductas antisociales que impliquen estimulación.

3.- EL MODELO DE TRASLER.-

Para TRASLER lo importante es, también, no investigar por qué el delincuente aprendió el comportamiento criminal, sino por qué fracasó el condicionamiento socializador, por qué no supo o pudo inhibir la realización de una conducta prohibida que los demás ciudadanos sí consiguen evitar.
Como lo señala García – García J., haciendo mención a  TRASLER, “tal fracaso del condicionamiento puede producirse bien por la inadecuación de las técnicas de entrenamiento aplicadas, bien por la pobre condicionabilidad del individuo (escasa capacidad de respuesta al entrenamiento socializador) o la interferencia de factores exógenos que perturban la eficacia de aquél (vg., estrés o traumas).
TRASLER presta mayor atención que EYSENCK a algunos parámetros del entrenamiento social (vg., actitudes hacia los padres, los valores, el lenguaje y relaciones discontinuas entre padres e hijos, etc.); así como a específicas variables individuales (así, la orientación temporal y la inteligencia).

4.-  EL MODELO SOCIOBIOLÓGICO DE DE JEFFERY.-

A su juicio, el código biológico traza importantes diferencias entre unos individuos y otros en orden a la capacidad de aprender en un ambiente dado. JEFFERY rechaza, pues, expresamente la denominada ley de la  “equipotencialidad”, que presupone lo contrario, y lamenta que el evidente triunfo del conductismo sobre la introspección propia de los análisis psicodinámicos signifique la consolidación de las tesis ambientalistas y, por tanto, que se perpetúe el mito de la equipotencialidad” . La más brillante aportación de la Sociobiología se debe a Jeffery. El modelo  sociobiológico de Jeffery se basa tanto en la Psicología ambiental, como en la Psicología del  aprendizaje  y  la  Psicofisiología.

2.2.1.5. EL MODELO O PARADIGMA “RESOCIALIZADOR” POR: GARCÍA - PABLOS DE MOLINA, ANTONIO

Este modelo o paradigma subraya como objetivo específico y prioritario del sistema (aunque no excluyente) la reinserción social del infractor. En virtud de un saludable giro humanista, el paradigma resocializador reclama una intervención positiva en el penado que facilite el digno retorno de éste a la comunidad, su plena reintegración social.

I.- SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

El modelo resocializador, por su orientación humanista, traslada el centro de gravedad del debate sobre las funciones del sistema del efecto preventivo-disuasorio de éste a su impacto positivo y bienhechor en la persona del penado. 
Para García – Pablos de Molina “El paradigma resocializador destaca, además, por su realismo. No le interesan los fines ideales de la pena, ni el delincuente abstracto, sino el impacto real del castigo, tal y como éste se cumple, en el penado concreto de nuestro tiempo; no la pena nominal que contemplan los Códigos, sino la que efectivamente se ejecuta en los actuales establecimientos penitenciarios.
Es por ello que el modelo resocializador asume, con todas sus consecuencias, la naturaleza social del problema criminal. Un Estado “social" no puede conformarse con la aflictividad de las penas y el efecto disuasorio-preventivo de un engranaje legal en perfecto estado de funcionamiento: el castigo ha de ser útil, también, para el infractor mismo” . Según García – Pablos de Molina,  éste paradigma se centra en el autor del hecho punible con el propósito de establecer una clara distinción entre quienes se adaptan y quienes violan la norma jurídica; de esta manera, se trata de explicar las diferencias entre ambos grupos por supuestas alteraciones de carácter genético, antropológico o psiquiátrico, según corresponda.
El paradigma resocializador propugna, por tanto, neutralizar en la medida de lo posible los efectos nocivos inherentes al castigo, a través de una mejora sustancial del régimen de cumplimiento y ejecución de éste; y, sobre todo, sugiere una intervención positiva en el penado que lejos de estigmatizarle con una marca indeleble le habilite para integrarse y participar el mismo en la sociedad, de forma digna y activa, sin traumas, limitaciones ni condicionamientos especiales.
Se trata -eso sí-, en interés exclusivo y real del penado, y contando con su colaboración efectiva (no solo con su consentimiento formal)- de aplicar unas técnicas y terapias científicamente avaladas que faciliten la posterior integración social del infractor, que no le limiten sino que potencien sus expectativas y posibilidades de participación social. El ideal resocializador -y la llamada ideología del tratamiento- han abierto un doble debate, de muy diversas características y pretensiones: un debate normativo- doctrinal, y un debate empírico.

II. EL DEBATE DOCTRINAL SOBRE LA RESOCIALIZACIÓN DEL DELINCUENTE:

Para  unos, se trata de la anhelada alternativa al retribucionismo y su fracaso implicaría un retorno inevitable hacia éste.
Sin embargo, la idea de resocialización, como la de tratamiento, es radicalmente ajena a los postulados y dogmas del Derecho Penal clásico, que profesa un retribucionismo incompatible con aquella. Y su legitimidad (la del ideal resocializador) se cuestiona desde las más diversas orientaciones científicas progresistas o pseudoprogresistas: la llamada Criminologia crítica, determinados sectores de la Psicología y del Psicoanálisis, ciertas corrientes funcionalistas, neomarxlstas e interaccionistas, etc. Algunos,  afirman que la resocialización del delincunte es mera utopía, un mito, un engaño; o, simplemente, una declaración ideológica, propugnando entonces, como única alternativa válida, la lucha contra las estructuras sociales, la radical no intervención del Derecho Penal o su utópica supresión.

III. EL DEBATE CRIMINOLÓGICO SOBRE LA RESOCIALIZACIÓN DEL PENADO:

Interesa a la Criminología verificar científicamente si cabe una intervención positiva, bienhechora, en el infractor a través de la ejecución de la pena. Qué objetivos concretos habría que perseguir y cómo habría que orientar la Administración Penitenciaria y la propia ejecución penal para alcanzarlos. Qué modelo de tratamiento y qué técnicas concretas de intervención serían más adecuadas: cuáles se están utilizando actualmente y con qué resultados. El debate presupone, como es lógico, la libre y decidida colaboración del penado, pues, en otro caso, cualquier intervención sería rechazable: tanto desde un punto de vista ético, como estrictamente pedagógico.
Todo parece indicar según García – pablos de Molina “que a través de la ejecución penal pueden obtenerse resultados positivos en tres niveles: evitando el aprendizaje por los internos de nuevas actitudes y hábitos delictivos, influyendo sobre el comportamiento de aquéllos en la prisión, e incidiendo en la conducta futura de los penados.
La  primera, que optando por un determinado modelo integrador y científico de intervención (que no es el médico clínico tradicional) resulta viable la positiva reestructuración de la realidad carcelaria, del hábitat penitenciario, controlando sus efectos más nocivos (aislamiento, inmersión en la subcultura carcelaria, etc.) y generando otros satisfactorios para el recluso (vg. actividades de aprendizaje, adquisición de expectativas de futuro prosociales, superación de adicciones, etc.).
La segunda que desarrollando dicho modelo psicoeducativo, basado en los postulados de la Psicología del aprendizaje social y operante, en la reeducación cognitiva, y su definida orientación comunitaria, progresamos hacia una ejecución de la pena privativa de libertad más racional y humana que abre el paso a otras formas de sanción diferentes en el futuro.
La tercera y última, que dicha noción del tratamiento, atenta más a miras educativas que clínicas y estructurada para dispensar prestaciones sociales -no para ejercer control (predominio de esquemas organizacionales sobre los prioritariamente retributivos)- representa una versión moderna, legítima y realista del polémico concepto de resocialización” . El debate criminológico sobre la resocialización del penado es un debate científico empírico, libre, por tanto de especulaciones, de actitudes puramente ideológicos, o de estériles “torneos oratorios”. Versa sobre hechos concretos, sobre realidades constatables y discurre en el ámbito o esfera del “ser”, no el mundo normativo del “deber ser”.

2.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO: CLASIFICACIÓN; ANALISIS PARTICULARIZADO DE LAS PRINCIPALES TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN:

Respecto a los Métodos y Técnicas de Tratamiento en el Ámbito penitenciario el más indicado para tratarlos y enfocarlos de manera precisa y clara  es por el destacado Criminólogo Español Dr. García – Pablos de Molina, Antonio, a continuación sus “aportes respecto a dicho tema: 

2.1.1. LA PSICOTERAPIA GRUPAL Y EL “COUNSELING”:

A) La psicoterapia y el «counseling», como expresión de la terapia piscoanalítica, constituyen dos de las primeras manifestaciones genuinas de la intervención en el medio penitenciario.  La psicoterapia grupal es una terapia que concibe el grupo como factor terapéutico: se trata, en definitiva, de una relación interpersonal mantenida como control y orientada a la ayuda de los miembros del grupo, a fin de que éstos puedan dirigir su vida de una forma más satisfactoria y madura. Se emplea, pues, como factor terapéutico la acción de un grupo organizado y dirigido con este objetivo.
Muestra de ello tenemos las siguientes formas de Psicoterapia Grupal: El Método Analítico; El Psicodrama; La Terapia Familiar; El Análisis Transaccional; El “Counseling” o Asesoramiento Terapéutico Personal.

2.1.2. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA:

Se ha comprobado la eficacia de las mismas en orden a la eliminación de conductas antisociales y antirreglamentarias en el seno de la prisión, en la mitigación de hábitos y dependencias (alcoholismo, drogadicción), en la motivación del interno para elevar su nivel educativo, cultural y profesional o participar en programas de entrenamiento en habilidades sociales y comportamiento asertivo o adquisición de información a través de modelos.
De las numerosas técnicas de modificación de conducta, cabe destacar: Técnicas Aversivas; Técnicas basadas en el Control de Contingencias; Sistemas de Autogobierno, Contrato Conductual y Otros; Tratamientos Mixtos de Base Conductual.



2.1.3. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ORIENTACIÓN COGNITIVA: OBJETIVOS Y PRESUPUESTOS:

Los partidarios de este modelo de terapia sugieren programas que incidan positivamente en el razonamiento del interno, en sus atribuciones (como explica o a qué imputa éste lo que le sucede o acaece), en sus autoevaluaciones y expectativas, en su percepción y valoración del mundo externo, empleando técnicas que mejoren sus habilidades personales y sociales, su capacidad para resolver problemas interpersonales, su empatía, su autoestima, su limitada percepción de la realidad, etc. La teoría cognitiva no pretende aportar una explicación etiológica del crimen, pero constata conexiones relevantes entre el comportamiento criminal y ciertas operaciones y procesos cognitivos del autor.
Dentro de las Técnicas de Intervención y Tratamiento de Orientación se tiene: Técnicas de Solución de Problemas; Entrenamiento en Habilidades Sociales; Técnicas de Control Emocional; Técnicas de Razonamiento Crítico; Desarrollo de Valores; Habilidades de Negociación; Razonamiento Creativo.

2.2.1.6. POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POR ELIAS CARRANZA.

1.      Política, política criminal y política penitenciaria

La política penitenciaria es la parte de la política criminal que se ocupa de regular el uso de la privación de libertad, tanto preventiva como con carácter de pena. A su vez, por política criminal puede entenderse la política respecto del fenómeno criminal, la que no sería más que un capítulo de la política general (Zaffaroni 1986: 88).
Se puede distinguir entre política criminal "en sentido estricto", referida a la criminalidad y al exclusivo ámbito de acción del sistema de justicia penal (legislación, policía, poder judicial y sistema de ejecución de las sanciones), y política criminal "en sentido amplio", referida a la totalidad del sistema de control social (no solo al sistema penal) y que intersecta con otras áreas de la política estatal, particularmente del sector social (salud, vivienda, educación, trabajo) con su incidencia en la prevención primaria o social de la criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de determinadas formas delictivas (Carranza 1993: 9; Principios rectores 1985: # 19 y # 21).

2.      Las teorías de la pena, normas y estándares de las Naciones Unidas

Dos componentes intervienen en la determinación y ejecución de cualquier política, en nuestro caso de la política criminal y penitenciaria: a) un componente ético o ideológico (lo que los políticos piensan que la realidad "debería ser"), y b) un componente de información y conocimiento sobre lo que la realidad es.
En el primer componente entran en juego no sólo las teorías penales sino también las concepciones filosóficas, religiosas, político partidistas, e ideológicas en general de quienes pueden decidir la orientación de la política.
Partiendo del hecho sociológico de la existencia de la pena, y de la existencia de la pena de prisión en todos los países del mundo contemporáneo, con lo cual las diversas teorías sobre ella vienen en realidad a constituirse en justificaciones o racionalizaciones, a posteriori, de algo que existe con relativa independencia de ellas, y que existe de manera muy similar en todos los países.
En este punto vale nombrar la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984) y su recientemente aprobado Protocolo Facultativo que establece un régimen especial de visitas a los lugares de detención. Al igual que para el caso de las personas presas, las Naciones Unidas han creado estándares y normas referidos a la política criminal en general y a la prevención del delito, a las víctimas del delito, a los policías, a los jueces, a los defensores, al ministerio público, a la mujer, a la justicia penal juvenil, y estándares y normas en muchas otras materias relacionadas (El detalle de estos instrumentos y los instrumentos mismos pueden verse en la página web del Centro para la Prevención Internacional del Delito de las Naciones Unidas, www.uncjin.org/ o en la del ILANUD www.ilanud.or.cr/ ).
En cuanto al otro componente, de información y conocimiento científico, nos valdremos para el análisis de la información criminológica y penitenciaria del ILANUD, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y de otras fuentes autorizadas. Tan importante como tener convicciones éticas o ideológicas claras sobre lo que se desea, es conocer rigurosamente el estado de la cuestión, y este conocimiento lo proporcionan las ciencias sociales.

 3.      Los sistemas penitenciarios como indicadores de las políticas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal. Las tasas penitenciarias.

Un indicador muy importante sobre las políticas y funcionamiento de la justicia penal en cualquier país del mundo es el sistema penitenciario, cuyas estadísticas -a pesar de sus imperfecciones- son el dato más sólido y verificable que puede obtenerse de los sistemas de justicia penal.
Desde 1992 a la actualidad es cada vez mayor el número de personas por cada cien mil habitantes que van a parar a la prisión en toda la región (Excepciones son solo Ecuador y Venezuela en el grupo de América Latina, y Jamaica en El Caribe, pero al particularizar en estos casos se advierte que su situación penitenciaria es igual de grave que la del resto de los países, con alto hacinamiento, y que por falta de espacio físico han debido reducir recientemente sus tasas de encierro adoptando medidas de emergencia para tal fin).
Hay un punto importante que señalar: diecinueve de los veinticinco países con sobrepoblación se encuentran funcionando en situación de "hacinamiento crítico", es decir, con densidades iguales o superiores al 120%. Utilizamos en esto el parámetro establecido por la Unión Europea, que considera hacinamiento crítico al producido por una densidad carcelaria del 120 % o mayor (COMITÉ 1999:50).
El enorme aumento que ha habido en el número de presos y presas entre 1992 y 1999 tiene su principal explicación en el uso creciente de la prisión, y sólo en una muy pequeña medida en el crecimiento demográfico.
Nuestras políticas criminológicas y nuestros sistemas de justicia penal están centrados en la pena de prisión. En cuanto a la construcción carcelaria que demanda este gran aumento en el número de presos y presas, es sencillamente imposible para los países cumplir con el desafío, a pesar de los grandes esfuerzos que en algunos casos se realizan.

2.2.2. TOMA DE POSTURA DE LA INVESTIGADORA SOBRE LA RESOCIALIZACIÓN PENITENCIARIA:

El fundamento de  la pena ha  sido un tema  tratado no solo por juristas,  sino también por  filósofos, psicólogos, sociólogos. Los varios puntos  de vista que expresaron dichos estudios se agruparon en lo que hoy llamamos teorías de la Pena. Básicamente existieron tres tipos de teorías, las  teorías absolutas de la  pena, las relativas y las mixtas o de la unión que debaten entre sí e internamente debido a la multiplicidad de autores sobre los fines de la pena, valga decirlo así o un medio para llegar a algún objetivo. Cada teoría de la pena es una teoría del Derecho Penal, que tiene sus propias raíces filosóficas y políticas.
Así, dentro de las teorías absolutas vemos a la concepción Kantiana, donde la pena  es el  resultado que se impone cada  vez cuando se  comete un delito.  Es la retribución  que siempre debe  accionar, y debe  ser equivalente al  daño causado por  delito. En  su opinión el  castigo no debe  ser fundado en  razones de utilidad  social porque el  hombre es “fin  en si mismo”  y no un instrumento en  beneficio de la sociedad.
Entonces  la pena debe  basarse en el  hecho de que  el delincuente la  merece según las  exigencias de la  ley penal. Y si es así, ¿donde queda el respeto a las garantías fundamentales de los hombres?, es necesario recalcar que las teorías absolutas fueron una de las primeras acerca de la concepción de la pena, y por ende su manera de pensar varía, puesto que históricamente, en un principio, como lo indica ésta teoría, el castigo premoderno fue el que influyó en el retribucionismo de la pena.
Por otro lado tenemos a Hegel que nos presenta una teoría absoluta retribucionista.  El mira la  pena como la  afirmación del Derecho.  El delito es  la negacion de  orden jurídico (tesis) y la pena (antitesis) es la negación  del delito. En  esta construcción “negación de la  negación”, la pena  se concibe como  reacción, como un  instrumento que restablece  el orden jurídico  sin tener fines  utilitarios posteriores. Se ha dicho  que estas teorías  no atribuyen a  la pena ninguna  utilidad social y  el resultado es que la pena  “no sirve para  nada”.  La función de  la pena se  funda en una  exigencia intercondicionada (ya  sea religiosa, moral  o jurídica) de Justicia. Es  una Justicia absoluta,  que no depende de conveniencias utilitarias.
Ahora, Las teorías relativas  han conocido dos  corrientes, las cuales siguen generando debate es en los diferentes Sistemas Estatales acerca de a cual se le debería dar mayor preponderancia: la prevención  general y la prevención  especial. Cabe resaltar que al hablar del tema, hablamos de su supuesta finalidad a partir de diferentes concepciones, en el marco del control social institucionalizado con discurso punitivo, tal es el Sistema Penal. Y no nos referimos al control social difuso, o institucionalizado sin discurso punitivo y sin intenciones de punir para buscar la manera de evitar que se cometan delitos, puesto que éste ya es un tema, que si bien comparte fondos, la forma de dicho es distinta.
Las teorías de  la prevención general  conciben la pena  como medio de  prevenir los delitos  en sociedad. Así al Derecho puede  tener en la sociedad  dos efectos: Un efecto intimidatorio (la prevención general  negativa) donde se concibe a la sociedad  como un cúmulo  de delincuentes y  la pena como  una amenaza para  los ciudadanos. Y un segundo efecto integrador (la prevención general  positiva). Pero el concepto  moderno de prevención  general ha sido  introducido por Feurbach  con su teoría  de la “coacción  psicológica”. Con esta  teoría se trata de inhibir  determinados conductas consideradas  delictivas. Asi, la pena opera  como coacción psicológica  en el momento  abstracto de la  incriminación legal. La ejecución de  la pena debe  confirmar la seriedad  de la amenaza  legal. Entonces la pena  no corresponde siempre  al mal sufrido de la victima. Ella es  proporcional con el  mal amenazado: cuanto mas grave  sea el mal  amenazado, mas grave  sea el efecto  intimidante. En la prevención intimidatoria  (que se llama también  “prevención negativa”), el  aspecto de confirmación  del Derecho Penal  se denomina “prevención  general positiva” o  “integradora”. La prevención  general positiva (respeto por la ley)  debe ser  entendida como una  forma de limitar  el efecto puramente  intimidatorio de la prevención general.
Desde mi punto de vista, la teoría  de la prevención  general es criticable  desde el punto  de vista empírico  porque no se  ha demostrado que  puede prevenir el  delito por el temor que  puede infundir la  pena. También es  criticable porque es  incompatible con la  dignidad de la  persona. No es  ético castigar una  persona por lo que puedan hacer  los demás, utilizarla  como ejemplo para  los demás. La persona  no es un  medio para lograr  un fin, sino es un fin en sí misma. Por otro lado, la prevención especial a diferencia de la  prevención general que  usa como sujeto  la colectividad,  tiende  a prevenir los  delitos de una persona  determinada. Por  eso, la prevención especial  opera en el  momento de la  ejecución de la  pena y no de la  conminación legal como  la prevención especial. El fundamento de  la pena es  evitar que el  delincuente vuelva a  delinquir en el  futuro. Pero las  teorías de prevención  especial que parecen  a simple vista  que han encontrado  soluciones muy buenas  para los delincuentes,  no explican el fundamento de  la pena. Así, la  prevención especial no puede  justificar por si  sola el recurso  a la  pena.
En algunas situaciones, la pena no  seria necesaria para  la prevención especial  porque los delincuentes  primarios y ocasionales  no manifiestan peligro  de volver a  delinquir – por ejemplo los  delitos cometidos con  culpa. En otros casos  no se puede  resocializar usando la  pena porque el  delincuente habitual no  puede a veces  ser resocializado. En otros casos  la resocialización puede no  resultar licita –  por ejemplo los  delincuentes por convicción  políticos, terroristas, con  quien no se debe intentar  persuasión por la fuerza de un tratamiento porque en un Estado  democrático la resocialización  no debe ser  obtenida contra la  voluntad del delincuente.
Zaffaroni también nos indica: “… ante el fracaso de las ideologías de la resocialización resulta que en la realidad la prisión se convierte en un mero local de depósito de seres humanos deteriorados… se trata de una tendencia genocida que, en definitiva, se afilia a la prevención especial negativa, es decir a la idea de prisión como pena de muerte eventual (suicidio, enfermedad, etc.) o como pena neutralizadora por morbilidad o deterioro psicofísico…”. Esta exposición que sostiene Zaffaroni, demuestra que la pena en la realidad, más allá de nuestras leales aspiraciones, para lo único que sirve es para que el sistema del derecho penal subsista.
Por último, tenemos a las Teorías mixtas de la Pena (también llamadas de la “Unión”), combinan los principios de  las teorías absolutas  con los principios  de las teorías  relativas. Para las teorías  de la unión  la pena debe  cumplir en el  mismo tiempo las  exigencias de la  retribución y prevención.  Ella debe ser  justa y útil. Mostrando así dos direcciones claras que apuntan de distinta manera: Una primera que ha dado prioridad  a las exigencias  de la justicia. Y otra segunda, de  las  teorías mixtas que es  la utilidad pero  a diferencia de  las teorías preventivas,  se busca soluciones  útiles que no  sean injustas. Porque la  utilidad es el  fundamento de la  pena solo es  legitima la pena  que opere preventivamente.  La segunda orientación  es preferible desde  el punto de  vista de la  política social, pero  en Derecho Penal  solo se pueden  trabajar con una  serie de criterios  justificantes de la  pena en su  trayectoria: el momento  de la amenaza,  el momento de  la aplicación y  la ejecución.
En el  momento de la  amenaza (Derecho Penal Material) el fin  de la pena  es la protección  de los bienes  jurídicos. En el  momento de la  aplicación (Derecho Procesal Penal) (individualización judicial) la  pena no sirve  para prevención general,  sino para confirmar  la seriedad de  la amenaza legal,  pero sin sobrepasar  la culpabilidad del  autor. Y En el  momento de la  ejecución (Sistema Penitenciario), la pena  sirve para resocialización  del delincuente como  forma de prevención  especial.
En general, y que sirva de reflexión, ninguna de estas teorías explican  suficientemente la utilidad  y en el  mismo tiempo la  necesidad de la pena. En  general la conclusión  es que la  pena es un  mal  necesario, pero  se trata de  una cuestión abierta,  en que se  busca soluciones para  un Derecho Penal  mas humano.
Por lo tanto, desde esta perspectiva y dado a que ninguna de estas arcaicas teorías de la pena resiste individualmente crítica alguna y así también dado que las teorías mixtas o unificadoras, resultan en un eclecticismo "que, queriendo contentar a todos, no satisface totalmente a nadie",  debido a que la mera adición o yuxtaposición de teorías no responde a la inquietud propuesta sino por el contrario multiplican a tres los efectos sometidos a crítica; entonces racionalmente comparto plenamente con el distinguido tratadista CLAUS ROXIN en su Teoría Unificadora Dialéctica de la Pena, donde "El derecho penal se enfrenta al individuo de tres maneras: amenazando, imponiendo y ejecutando penas, durante 3 fases, etapas o momentos distintos:1) Las conminaciones de pena,2) La imposición y medición de la pena, y 3) La ejecución de la pena; y que esas tres esferas de actividad estatal necesitan de justificación cada una por separado". Además también con esto se pretende evitar la exageración unilateral y dirigir los diversos fines de la pena hacia vías socialmente constructivas, al lograr el equilibrio de todos los principios. Una teoría de la pena que no quiera quedarse en la abstracción o en propuestas aisladas, sino que pretenda corresponder a la realidad, tiene que reconocer esas antítesis inherentes a toda existencia social para conforme al principio dialéctico poderlas superar en una esfera superior.
En consecuencia, el sentido de la investigación que realizo encuentra su merecido esfuerzo en que aquel ideal no es imposible de alcanzar ni mucho menos absurdo en su esencia. Por lo tanto difiero totalmente con mi personal apreciación ante posiciones erradas, pesimistas, improductivas y obsoletas de doctrinarios que unánimemente han pretendido dejar sin sentido el necesario y vital proceso de resocialización de los internos de los diferentes establecimientos penitenciarios del país.  En el caso particular de la investigación, referido al establecimiento penitenciario de Chimbote, concibo que es función de las normas penitenciarias el de establecer los principios y regular el cumplimiento del proceso de la resocialización de los referidos internos, creándose las condiciones adecuadas para tal finalidad. Situación que en la actualidad se cumple escasamente y por consecuencia se fracasa en éste importantísimo ideal.
Por otro lado sobre, los principales modelos de la psicoterapia actual, aquellos pueden ser agrupados en cinco orientaciones (Seixas y Miró, 1993):  1)Los Modelos Psicodinámicos,  2)Los Modelos Humanísticos-Existenciales, 3)Los Modelos Biológicos-Conductuales, 4)Los Modelos Sistémicos, 5)Los Modelos Cognitivos.
En los referidos en nuestra investigación, los modelos biológicos-conductuales, contrapunto de las teorías ambientalistas, se exhiben un elevado soporte empírico (a menudo, incluso "experimental"), a pesar de que es más clara la vocación clínica de los mismos, que su eficacia explicativa teórica y operatividad político-criminal. Evolucionan hacia paradigmas cada vez más complejos, integradores y dinámicos, idóneos para ponderar la pluralidad de factores que interactúan en el fenómeno delictivo. Pues si bien el sustrato biológico del individuo representa un valioso y relevante potencial, parece incuestionable —contra la tesis sustentada por los modelos biológicos radicales— que ni es el único dato, ni la carga biológica permite distinguir el hombre delincuente del no delincuente. El llamado principio de la "diversidad" al que apelan las teorías de corte biológicoradical (el hombre delincuente es distinto del no delincuente y porque es distinto delinque), carece de todo respaldo científico.
Es más, responde a una visión arrogante del orden social, cuyo complejo de superioridad conduce a atribuir el delito a patologías del individuo, salvando así la incuestionabilidad de un sistema que se cree perfecto y legitimado por el consenso.
En todo caso y, una vez desmentido el dogma clásico de la "equipotencialidad", corresponde a los modelos biológicos explicar científicamente la relevancia criminógena de ciertas variables, pues la existencia de un dato biológico diferencial es una realidad incuestionable, y las concepciones ambientalistas no son capaces, por definición, de fundamentar por qué el crimen se distribuye de forma no homogénea, concentrándose en torno a muy reducidos grupos humanos, cuyos individuos acaparan significativamente la comisión de la mayor parte de los delitos .
Finalmente, el paradigma resocializador planteado por Antonio, García - Pablos de molina, propugna neutralizar en la medida de lo posible los efectos nocivos inherentes al castigo, a través de una mejora sustancial del régimen de cumplimiento y ejecución de éste; y, sobre todo, sugiere una intervención positiva en el penado que lejos de estigmatizarle con una marca indeleble le habilite para integrarse y participar el mismo en la sociedad, de forma digna y activa, sin traumas, limitaciones ni condicionamientos especiales.
Se trata en interés exclusivo y real del penado, y contando con su colaboración efectiva y no solo con su consentimiento formal, de aplicar unas técnicas y terapias científicamente avaladas que faciliten la posterior integración social del infractor, que no le limiten sino que potencien sus expectativas y posibilidades de participación social.

2.3.3. ASPECTOS NORMATIVOS DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y LA RESOCIALIZACIÓN:

2.3.3.2.1. DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO:

El tratamiento penitenciario es individualizado y grupal. Consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno. Además, el tratamiento se efectúa mediante el sistema progresivo. (Código de Ejecución Penal, Art. 6, y Art. IV del Título Preliminar).
Sin embargo, es el Reglamento de Organización  y funciones del INPE  (RESOLUCION MINISTERIAL Nº 040-2001-JUS), quien con especialidad en su artículo 26º  indica que la Oficina General de Tratamiento es el órgano encargado de formular y proponer la normatividad relacionada con el Tratamiento para la resocialización del interno, liberado y sentenciado a Penas Limitativas de derechos; así como de ejecutar las acciones de coordinación y supervisión para la correcta aplicación del tratamiento penitenciario, enumerando en su artículo 27º las funciones específicas  que tiene este órgano con respecto al tratamiento adecuado e integral del Interno.
El Título III del Código de Ejecución Penal desarrolla las normas sobre el tratamiento penitenciario, que comprende ocho capítulos concernientes a: disposiciones generales (arts. 60º, 61º y 64º), trabajo (art. 65º), educación (art. 69º), salud (art.78º), asistencia psicológica (art. 92º), asistencia social (art. 83º), asistencia legal (art. 87º) y asistencia religiosa (art. 93º).
El tratamiento es el elemento esencial del Sistema Penitenciario y se desarrolla mediante el sistema progresivo moderno.
Los principios científicos que rigen el tratamiento penitenciario establecen que debe ser individualizado y grupal, utilizando para ello toda clase de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales y laborales, en una relación abierta.
El trabajo y la educación contribuyen decisivamente en el proceso de resocialización. Se  concede especial importancia a la educación y se establece que en cada establecimiento penitenciario se propicie la educación del interno para su formación profesional o capacitación ocupacional.

2.3.3.2.2. DE LA RESOCIALIZACIÓN:

La base legal normativa pertinente a la resocialización la encontramos en primer orden a nivel internacional en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” que mediante su articulo 103º referido al tratamiento del interno establece como finalidad su reforma y readaptación social.
A nivel nacional, en el artículo 139º de nuestra vigente Constitución Política encontramos como uno de los principios de la Administración de Justicia, el que los reclusos y sentenciados ocupen establecimientos adecuados así también que el régimen penitenciario tiene por objeto la rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
En el artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo Nº 654) encontramos “el objetivo de la Ejecución Penal”, que recoge el principio contenido en el inciso 22 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. Los conceptos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, doctrinariamente, pueden resumirse en el de resocialización del interno.
Las demás normas del Título Preliminar contienen principios generales y programáticos que todo Sistema Penitenciario moderno debe desarrollar, incluyendo al artículo X, que permite al Sistema Penitenciario acoger las disposiciones, recomendaciones y conclusiones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, considerándose dentro de ellas a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas en Ginebra en 1955.
El Título I del Código de Ejecución Penal regula los derechos y deberes fundamentales del interno durante su permanencia en el establecimiento penitenciario para cumplir su pena o la medida privativa de libertad. Donde en aplicación de los artículos 3º y 9º aquel debe recibir una cartilla con las normas de vida que rigen en el Establecimiento Penitenciario, debiendo ocupar tal finalidad un ambiente adecuado, estando sujeto a tratamiento integral desde su ingreso hasta su liberación.

2.3.3.3. REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977

2.3.3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA

2.3.3.4.1. PAISES EUROPEOS

2.3.3.4.1.1. NORMAS PENITENCIARIAS DE ESPAÑA

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN ESPAÑA

El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados.
EL tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general”.
(Ley Orgánica General Penitenciaria española, Art. 59).

2.3.3.4.1.2. NORMAS PENITENCIARIAS DE ITALIA

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN ITALIA

El tratamiento penitenciario se ejercerá respetando la personalidad humana y debe asegurar el respeto de la dignidad de la persona. Se ejerce con absoluta imparcialidad, sin establecerse discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, condiciones económicas y sociales, de opiniones políticas y de creencias religiosas.
En las instituciones penitenciarias se debe mantener el orden y la disciplina. No pueden adoptarse restricciones que no sean justificables con las exigencias mencionadas o, para los acusados, no indispensables a fines judiciales. A los presos y a los internados se les llama o indica por su nombre. El tratamiento de los acusados debe aplicarse respetando el principio de presunción de inocencia hasta la condena definitiva. Debe ser aplicado, para los penados y los internados, un tratamiento de reeducación que tienda, también a través de los contactos con el ambiente exterior, a la reinserción social de los mismos. El tratamiento se ejerce siguiendo un criterio de individualización, teniendo en cuenta las específicas condiciones de los reclusos.
(Ley Penitenciaria Italiana , Art.1).

2.3.3.4.2. PAISES SUDAMERICANOS

2.3.3.4.2.1. NORMAS PENITENCIARIAS DE ARGENTINA

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN ARGENTINA

La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinarios que resulten apropiados para la finalidad enunciada.
El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencias se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone.
(Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad , Arts.1 y 2).

2.3.3.4.2.2. NORMAS PENITENCIARIAS DE BOLIVIA

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN BOLIVIA

El Tratamiento Penitenciario tiene el propósito de modelar la personalidad del recluso y modificar su actitud futura frente al medio social, a través de métodos psicológicos, pedagógicos y sociales. Para tal efecto se hace uso del sistema progresivo, el cual comprende las siguientes etapas:
• El tratamiento del interno.
• La readaptación social en un ambiente de confianza.
• La pre-libertad.
• La libertad condicional.
El fin de readaptación que persigue el tratamiento, es de carácter permanente, y está basado en el conocimiento profundo de la personalidad del interno.
(Decreto Ley 11080, Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, Art. 22, 33 , 34).

2.3.3.4.2.3. NORMAS PENITENCIARIAS DE BRASIL

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN BRASIL

La ejecución penal tiene por objeto efectivizar las disposiciones de la sentencia o de la decisión y crear las condiciones para la integración social armoniosa del delincuente condenado e internado.
La jurisdicción penal de los  jueces o tribunales de Justicia Ordinaria, en todo el territorio nacional, será ejercida en el proceso de ejecución en cumplimiento de la presente Ley y el Código de Proceso Penal.  Esta Ley se aplicará también a la detención provisional y condenado por la Justicia Electoral o Militar, en el momento del ingreso al establecimiento sujeto a la jurisdicción ordinaria. Los reclusos condenados e internados estarán protegidos con todos los derechos no afectados por la sentencia y la ley.
No hay distinción por discriminación racial, social, religioso o político.
(Ley de Ejecución Penal , Art.1).

2.3.3.4.2.4. NORMAS PENITENCIARIAS DE CHILE

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN CHILE

La administración penitenciaria desarrolla sus actividades y acciones en la perspectiva de remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva y están dirigidas a las personas privadas de libertad o que se encuentran en el medio libre, cuando corresponda, a fin de prepararlas para que, por propia voluntad, participen en la convivencia social respetando las normas que la regulan.
Las actividades y acciones, desarrolladas en este sentido, tienen como referente el carácter progresivo del proceso de reinserción social del interno y en su programación atiende las necesidades específicas de cada persona a quien se dirigen. En esta línea, la administración penitenciaria fomenta y desarrolla actividades deportivas, recreativas y culturales por parte de los internos.
(Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, Decreto Supremo N° 518 de 19998, Arts. 92 al 95).

2.3.3.4.2.5. NORMAS PENITENCIARIAS DE COLOMBIA

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN COLOMBIA

El tratamiento penitenciario se basa en el estudio científico de la personalidad del interno, es progresivo, programado e individualizado hasta donde sea posible.
El tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:
• Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
• Alta seguridad que comprende el período cerrado.
• Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.
• Mínima seguridad o período abierto.
• De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.
(Código Penitenciario y Carcelario, Arts. 143 y 144).

2.3.3.4.2.6. NORMAS PENITENCIARIAS DE ECUADOR

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN ECUADOR

El sistema Penitenciario utiliza el régimen progresivo, el que consiste en:
• La individualización del tratamiento.
• La clasificación biotipológica delincuencial.
• La clasificación de los Centros de Rehabilitación Social.
• La adecuada utilización de los recursos en beneficio del interno.
El régimen utilizado está basado en el siguiente procedimiento:
• Diagnóstico: Estudio del delito, estudio sociofamiliar y económico, estudio médico y sociológico, definición del mecanismo crimino-dinámico y definición del índice de peligrosidad.
• Pronóstico: Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de adaptación para la progresión en el sistema.
• Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación: por estructura normal, por inducción, por inadaptación, por hipoevolución estructural y por sicopatía.
(Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social Art. 13 al 16)
(Reglamento Código de Ejecución de Penas, Art. 14).

CAPÍTULO III

CONTRASTACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS EN EL TRABAJO OPERACIONAL:

3.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL F.O.D.A. DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE (TRATAMIENTO PENITENCIARIO).

El establecimiento penitenciario de Cambio Puente- Chimbote se encuentra ubicado en una zona rural a 11km de la ciudad de chimbote aproximadamente y alberga a una población penal mixta actualmente en el año 2009 oscila entre 600 a 630 internos aproximadamente, de los cuales 33 son internas y la diferencia varones, con la peculiaridad y particularidad que en su mayoría proceden de traslados por regresión al tratamiento penitenciario, por medidas de seguridad y hacinamiento de establecimientos penales de la región Lima u otras.
AREA LEGAL: AÑOS 2005 AL 2008

Fortalezas.-
• Cuentan con un ambiente exclusivo del área legal.
• Ratificación del jefe del área legal mediante documento de la superioridad de Lima.
• Personal Profesional con formación y experiencia.
 
Oportunidades.-
• Asistencia a seminarios, charlas, talleres y otros relacionados a temas jurídicos organizados por instituciones públicas o privadas (Corte Superior de Justicia, etc).
• Talleres, charlas jurídicas a internos del establecimiento penal, dictados por personal del área.
• Orientación y asesoramiento por parte del personal del área en la organización de expedientes administrativos (Beneficios Penitenciarios, Conmutación de Pena y otros) solicitados por los internos del establecimiento del penal.

Debilidades.-
• Carencia de equipo de cómputo, CPU, monitor, Mouse, teclado.
• Carencia de profesionales, técnicos, auxiliares, pues solamente se cuenta con 1 profesional Abogado.
• Carencia de textos bibliográficos, códigos: penal, procesal penal y ejecución penal.
• Carencia de fichas jurídicas de clasificación y compendio de normas internas INPE.
• Carencia de normas legales del diario oficial “El Peruano”.
• Limitación para realizar seguimientos de procesos y otros en los órganos jurisdiccionales.

Amenazas.-
• Obtención y aplicación tardía de normas legales publicadas en el diario oficial El Peruano, respecto a modificatorias en Legislación Penal.

AREA DE SALUD: AÑOS 2005 AL 2008

Fortalezas:
Existencia del servicio de medicina y odontología. (contratación de personal).
Mensualmente se contó con el abastecimiento de medicinas.
Hubo una responsable exclusiva para las estrategias de prevención y control de TB_ITS_VIH/SIDA.
Se cuenta con servicios básicos de saneamiento como luz y agua.
Presencia de unidad dental.
Apoyo de promotores de salud en pabellón y tópico.

Oportunidades:
Se contó con apoyo logístico de la ONG (Fondo mundial-Care-Perú) equipo de cómputo, remodelación del área de salud y otros.
Convenio INPE_MINSA.
Coordinación y apoyo del Minsa (formatos, medicamentos, etc) en relación a las estrategias TB-ITS-VIH/SIDA.
Formación y capacitación de internos promotores de salud por la ONG-CEPESJU.
Campaña de salud “Inmigraciones” contra la hepatitis y fiebre tifoidea.
Apoyo por parte de instituciones locales con servicio de salud-medicamentos.
Apoyo del Minsa a PPL afectados con TB relacionado con el abastecimiento de víveres (PAN_TBC).

Debilidades:
Suministro de agua insuficiente en el área de salud.
Carencia de personal de salud para abrir los servicios de guardia 24 x 48 horas farmacia y laboratorio. Personal que se necesita urgentemente.
Falta de equipo de comunicación en el área de salud para coordinaciones con la DRL y CEDE CENTRAL.
Unidad móvil (ambulancia) inoperativa.
Carencia de laboratorio clínico para emergencias y procesar las muestras de BK esputo con el cual permitirá un DX oportuno de TB-Pulmonar y bajar la cadena del contagio.
Instrumental odontológico insuficiente.
Carencia de fólderes para historias clínicas, que permita un adecuado archivo de los mismos.

Amenazas:
Inexistencia de personal de seguridad permanente en el área de salud.
Riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas por carencia de suministro de agua y lejía.
Personal de salud nombrado que no son rotados de Lima a provincias (Chimbote).
Demora en la renovación de contratos del personal de salud modalidad CAPS.

ÁREA EDUCATIVA: CEO SAN FRANCISCO DE ASÍS. (AÑOS: 2005 al 2008)

FORTALEZAS.-
Institución Educativa.-
Cuentan con Resolución Directoral de creación y funcionamiento.
Buena imagen institucional.
Infraestructura adecuada.
Mobiliario adecuado.

De los docentes:
Organización de los docentes y directivos.
Personal docente técnico calificado.
Formación y experiencia.
Trabajan con métodos activos.

De los participantes:
Buena oferta de los participantes.
Deseo de participación.

OPORTUNIDADES
Institución Educativa.-
Convenio con la unidad de gestión educativa.
Certificación oficial.
Exposición y promoción de trabajos educativos.
De los docentes.-
Capacitación y actualización del personal docente y administrativo.

De los Alumnos.-
Capacitación para crear micro empresas y talleres.
Cursos libres y técnicos.
Venta de trabajos en las exposiciones.
Donación de material educativo.

DEBILIDADES
Institución Educativa.-
Falta de una gerencia técnica y productiva.
Falta de apoyo de las diferentes instituciones (para materiales de trabajo)
Mobiliario inadecuado, deficiente.
Falta de incremento de aulas y talleres de cada especialidad.

De los docentes.-
Poca libertad para realizar acciones para la adquisición de materia prima.

De los Alumnos.-
No cuentan con recursos para obtención de materiales para el desarrollo de los proyectos o módulos de trabajo.

AMENAZAS:
De la Institución Educativa.-
Falta de talleres e implementación con herramientas manuales y maquinaria. en la I.E.O.
Infraestructura limitada para la ampliación de otras especialidades.
De los docentes.-
Cambio de docentes capacitados en el sistema penitenciario por docentes sin experiencias en el sistema penitenciario.
De los alumnos.-
Traslado de internos estudiantes de un establecimiento penitenciario a otro por procesos judiciales y medidas de seguridad y otros.

AREA DE TRABAJO: AÑOS 2005 al 2008.
FORTALEZAS
Constituida por los siguientes ambientes:
Un ambiente de 3.00m x 2.70m en el cual funciona la oficina del área de trabajo.
4 ambientes de 4.90m x 9.70m los cuales están distribuidos para talleres de carpintería, zapatería, trabajos en cacho y almacén.
El área de trabajo labora en la actualidad con dos servidores: jefe de trabajo y cómputo laboral; Técnico de control laboral.

OPORTUNIDADES
Hacer de conocimiento a los internos respecto a la redención de la pena por el trabajo, incentivándolos a efectuar actividades laborales que contribuyan en su rehabilitación  y reinserción a la sociedad.
Recepción y evaluación  de solicitudes de internos que desean acogerse al beneficio de la redención de la Pena por el trabajo, quienes son empadronados, controlados y supervisados por está área.
Realizar el control laboral de los internos inscritos en las planillas de control diario mensual de asistencia, en las diferentes actividades laborales realizadas en pabellones y/o talleres.
Promover los trabajos de los internos en diferentes exposiciones y ferias artesanales realizadas en esta localidad.

DEBILIDADES.
Durante el último año, el área de trabajo tiene carencia de personal, tal es así que hasta la fecha se trabaja con dos servidores, jefe de trabajo, cómputo laboral y técnico de control laboral (e) de proyectos y comercialización.
Los requerimientos solicitados por la jefatura de está área en forma trimestral, en la mayor parte no se han atendido.
Asimismo, para la formulación y ejecución de proyectos de inversión y/o implementación así como para la comercialización de los productos elaborados por los internos, no se cuenta con personal a dedicación exclusiva.
En la realización de eventos organizados por la superioridad en la ciudad de Lima, como por ejemplo: reuniones de trabajo del personal de las áreas de trabajo de los diferentes establecimientos penitenciarios de la DRL, por lo general no se cuenta con la asignación de viáticos respectivos para los servidores de provincia, teniendo muchas veces que afrontar los gastos de movilidad local, transporte de carga de productos artesanales y hospedaje con nuestro propio peculio.

AMENAZAS:
El control laboral de los internos en sus pabellones se ve disminuido debido a la carencia de personal a dedicación exclusiva.
Retrazo en la labor administrativa por falta de atención a los requerimientos anuales y/o trimestrales solicitados por el área.
Baja producción en los talleres laborales debido a la falta de personal para elaboración de proyectos.
Inasistencia a las reuniones y/o ferias realizadas en la ciudad de Lima por falta de pasajes, viáticos y fletes, los cuales no son atendidos por la administración regional.

ÁREA DE PSICOLOGÍA: AÑOS 2005 AL 2008
FORTALEZAS:
El psicólogo encargado, se encuentra capacitado y actualizado en las últimas técnicas de evaluación, entrevista y tratamiento psicológico.
El área de psicología cuenta con un ambiente amplio.
Se cuenta con ambientes para la terapia grupal en la mayoría de los pabellones.
Se cuenta con un equipo de cómputo en regular estado.


OPORTUNIDADES:
Entrevista, evaluación y tratamiento de internos en forma detallada, específica y productiva, estableciendo perfiles delictivos y focalizando el tratamiento.
El ambiente permite realizar evaluaciones grupales y atención simultánea de 4 o 5 internos.
Realizar talleres grupales y atención masiva de los internos.
Agilización de la documentación requerida así como la calificación computarizada de algunas pruebas psicológicas.

DEBILIDADES:
Solo un psicólogo para atender a 630 internos aproximadamente, además actualmente se encuentra cumpliendo funciones como jefe de OTT.
Falta de batería de pruebas psicológicas actualizadas y estandarizadas.
Falta de material audiovisual y mobiliario (pizarra, plumones, papelógrafos, etc).
Falta de un personal de apoyo (secretaria) que realice el trabajo administrativo.

AMENAZAS:
No se realiza la rotación de personal y el profesional continúa cumpliendo doble función.
Cambio imprevisto de ambientes de tratamiento.
Problemas de seguridad que impiden el ingreso a pabellones (reyertas, motines, huelgas, etc).
En las rotaciones laborales no consideran personal de apoyo para los Establecimientos penitenciarios de provincias.

DEL ÓRGANO TÉCNICO DE TRATAMIENTO DEL E.P. CHIMBOTE  (AÑOS: 2006 AL 2008)
FORTALEZAS:
El personal profesional se encuentra capacitado y actualizado respecto a la normatividad vigente del tratamiento penitenciario.
Existe coordinación fluida y cooperación mutua entre los profesionales de las áreas de tratamiento.
Se cuenta con un archivo actualizado de normas legales e institucionales.
Se cuenta con un ambiente amplio para la atención de los internos.
Se cuenta con equipo de cómputo y mobiliario en regular estado.

OPORTUNIDADES:
Eficiencia y eficacia en el tratamiento penitenciario.
Agilización de los expedientes de beneficio penitenciario.
Atención oportuna de la documentación requerida.
Facilidad para realizar reuniones de coordinación con los profesionales de las diversas áreas y atención rápida de los internos.
Facilidad para realizar la documentación requerida en forma presentable e imprimir formatos faltantes.

DEBILIDADES:
Falta de personal, el jefe de la división de tratamiento realiza también funciones como jefe de psicología. Ocasionando sobrecarga laboral.
No se cuenta con un profesional colegiado en trabajo social.
La documentación de la DRL llega con retraso debido a la distancia.
El ambiente pertenece al área de psicología.
Falta de secretaria que organice la documentación.

AMENAZAS:
Inadecuada racionalización de personal de tratamiento.
Los expedientes sociales que son enviados a DRL, se pueden extraviar.
Pérdida de documentos, debido a que los documentos son recogidos por cualquier persona que circunstancialmente pase por mesa de partes.
Cambios imprevistos de ambientes sin criterio técnico.
En las rotaciones de personal de tratamiento no se considera una secretaria para OTT.

CONCLUSIONES

1. Nuestra Carta Magna de 1993 sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la justicia y las normas del país (pese a la Ley 27600, que suprimió la firma de Alberto Fujimori Fujimori, sin perjuicio de mantener su vigencia), establece en su inciso 22º del artículo 139° el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En donde según la exposición de motivos de nuestro Código de Ejecución Penal,  los conceptos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, doctrinariamente, se resumen en el de “resocialización del interno”, el cual constituye tambien el objeto de la ejecución penal y el objetivo del tratamiento penitenciario.
2. Nuestra legislación penitenciaria adopta el planteamiento resocializador y la idea del tratamiento progresivo, a través de programas que deben ser brindados de manera individual o grupal por un equipo multidisciplinario de profesionales. En esta labor se debe contar con la participación del interno y su familia, con instituciones públicas o privadas, así como con la sociedad en general, tal como lo dispone el artículo 97º del Reglamento del Código de Ejecución Penal: “El tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades encaminadas a lograr la modificación del comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos…”.
3. Nuestro sistema penitenciario recoge las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por el I Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
4. La Educación en Contexto de Privación de la Libertad, se concibe como un área de resultado clave, que junto con el Trabajo y la asistencia penitenciaria constituyen los pilares fundamentales del tratamiento penitenciario. En este orden de ideas es necesario priorizar el tratamiento penitenciario en estas dos áreas.
5. Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que el fin resocializador de la pena no es el único que nuestra Constitución considera, ya que existen otras finalidades no expresas, pero que se deducen del modelo de Estado. Así, puede sostenerse que del reconocimiento del Estado como uno de carácter social y democrático (artículo 43º Const. P.P.) es posible deducir una finalidad preventivo general (intimidatorio o integrativa) de la pena; queda más claro a partir de su artículo 44º que dispone el deber del Estado de proteger a la población de las amenazas a su seguridad.
6. En el establecimiento de Chimbote no se aplican eficazmente las normas del tratamiento penitenciario en materias de: trabajo, educación, salud, asistencia social, asistencia legal, asistencia psicológica y asistencia religiosa, previstas por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, no se hace la individualización del tratamiento ni se determina el programa de tratamiento individualizado, conforme a los artículos 62° (Individualización del tratamiento) y 63° (Clasificación del interno) de dicho cuerpo legal, por tanto son causas por las que no se está logrando la resocialización efectiva de los internos, quienes reinciden en el delito, confirmándose así nuestra hipótesis general.
7. La clasificación de los internos se hace mediante normas violatorias de la ley y con criterios de seguridad antes que con los criterios readaptativos inherentes al tratamiento penitenciario que dispone el Código de Ejecución Penal en su artículo 64° (Clasificación contínua y categorías). Esta clasificación es además antitécnica y fundamentalmente subjetiva al ejecutarse en forma inadecuada.
8. Las acciones laborales, de educación, de salud, de asistencia legal, psicológica y social que realiza el Estado  dentro del establecimiento penitenciario de Chimbote, no tienen ningún valor como acciones de tratamiento resocializador, por tanto no inducen a un cambio conductual en el penado.
9. Existen instituciones religiosas que prestan apoyo al logro del objetivo resocializador. Todas ellas son de inspiración o con motivaciones religiosas, no es su objetivo el cumplir con el fin resocializador de la pena sino el de catequizar internos para sus respectivas religiones.
10. Teniendo en consideración que el penal estudiado recibe la atención y supervisión permanente tanto de la alta dirección del INPE, como de diferentes organismos del Estado, y pese a eso no se realizan acciones de resocialización, en los demás penales del país tampoco se consigue este objetivo de la ejecución penal.
11. Los altos niveles de reincidencia, son otra demostración de que no se logra la resocialización del delincuente, además está el hacinamiento existente, que es un factor atentatorio contra los fines resocializadores.
12.  Existen altos niveles de corrupción dentro de los internos basada en el tráfico de drogas y otros delitos, la que es apoyada en muchos casos por personal penitenciario y por la PNP. Ello no contribuye en modo alguno a mejorar conductas delictivas.
13. Frente a la crisis de tratamiento penitenciario en Chimbote no podemos pretender encontrar una respuesta dentro de una perspectiva exclusivamente penitenciaria al margen de la sociedad, puesto que la administración penitenciaria hace frente a un problema que en esencia representa la fase final de la problemática criminal. Los problemas que esta situación genera en las cárceles son ocasionados predominantemente por sistema judicial penal anacrónico que tenemos en el Perú.
14.  No existe el control judicial de la pena y en este aspecto no se cumple con el artículo VI del Título Preliminar del Código Penal sobre el Principio de Garantía de Ejecución en donde en su parte in fine se dispone que no debe ejecutarse pena alguna en forma diferente a la prescrita por la ley y reglamentos, disponiéndose en todo caso la intervención judicial de la ejecución de la pena.
15.  Faltan condiciones para la aplicación del tratamiento penitenciario: recursos humanos, ambientes físicos, materiales, equipos y fundamentalmente conocimientos y capacitación del personal especializado, apoyado por medidas de política en el tema.
16.  El personal de tratamiento no está debidamente preparado para el ejercicio de su tarea. Así mismo  la institución penitenciaria carece de planes y programas de tratamiento.
17.  La preocupación fundamental del sistema penitenciario es la seguridad, luego la administración, ello incide en que no exista ningún control ni seguimiento de la labor del personal  de tratamiento penitenciario.
18.  La PNP no está preparada para la labor resocializadora y su presencia en el penal de Chimbote es un obstáculo severo para el logro de la finalidad resocializadora. Los miembros de la PNP destinados a estos centros penitenciarios no son nunca los de mas destacada conducta, por el contrario, muchos de ellos son enviados allí por medidas disciplinarias de su institución.
19.  Como en la mayoría de los penales del país, la presencia de droga en los penales es nociva y atenta severamente contra el logro de la finalidad resocializadora, ya que ella permite el desarrollo del poder interno del “taita”, que se sobrepone al de la autoridad constituida y que tiene por objeto el lucro. Esta presencia nociva es fuente de corrupción de personal penitenciario y policial.
20.  El personal del INPE no tiene las motivaciones suficientes para la realización de su trabajo, no hay línea de carrera, tienen muy bajas remuneraciones, carecen de estímulos y se le maneja de modo arbitrario.
21. No existe el adecuado manejo de la visita íntima al recluso y no se cumple con este beneficio penitenciario previsto en el artículo 58° del Código de Ejecución Penal.
22.  La ejecución de la pena en el establecimiento penal de Chimbote no es prioridad del Estado Peruano, que no provee de los recursos financieros en cantidad suficiente al sistema y no permite un manejo técnico del mismo.
23.  No existe seguimiento al egresado del penal ni estadísticas sobre el tratamiento ni antes ni después del egreso del interno.


RECOMENDACIONES:

1) Siendo el trabajo uno de los pilares fundamentales, a fin de lograr mejoras en el tratamiento penitenciario y la resocialización de los internos en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote se sugiere la revisión, discusión y aprobación del  proyecto: “LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO PRODUCTIVO DE LOS INTERNOS Y LIBERADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS” cuya propuesta está en el anexo de esta investigación.
2) Implementar en el establecimiento penitenciario de Chimbote las siguientes políticas de prioridad institucional:
Desarrollar nuevos métodos de tratamiento con criterio técnico-científico y humanista para una efectiva reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad chimbotana.
Potenciar el sistema de seguridad e inteligencia penitenciaria en el establecimiento penitenciario de Chimbote.
Modernizar la infraestructura penitenciaria con ambientes adecuados para los internos, con los servicios necesarios básico, que coadyuven a la resocialización del interno del establecimiento penitenciario de Chimbote.
Mejorar y modernizar la gerencia administrativa mediante una gestión por resultados, incidiendo en los procesos técnicos, que permita lograr una eficiente y eficaz calidad de los servicios y proyectar una imagen institucional positiva.
Impulso en la ejecución de penas no privativas de libertad.
Mejora de las condiciones de trabajo del personal penitenciario.
Difusión y capacitación al personal penitenciario respecto al Reglamento del Código de Ejecución Penal.
3) Para el mejor cumplimiento de la tarea resocializadora del INPE en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote, es necesario incorporar nuevos y mejores programas y técnicas rehabilitadoras, para poder atender eficientemente las necesidades de la población penal y responder al desarrollo de la ciencia y de los nuevos patrones de criminalidad. Entre estos programas y técnicas en estudio podemos considerar los siguientes: Manejo de la sexualidad, Prevención de VIH-Sida, Viviendo con VIH-Sida, Cuidado de la salud, Alimentación nutritiva, Estrategias de acercamiento a la población no consultante del servicio médico, Normas de higiene y prevención de salud bucal, Salud reproductiva, Prevención de Cáncer mamario, Manejo de la depresión, Terapia de parejas matrimoniales, Terapia familiar, Prevención de suicidios, Tratamiento de los desórdenes obsesivos-compulsivos, Tratamiento de la psicosis y de la esquizofrenia, Prevención y tratamiento de auto-mutilaciones (daño auto-infligido), Tratamiento de desórdenes post-traumáticos (PTSD) , Manejo de casos de ataques de pánico
Tratamiento del Desorden de Déficit de atención, Tratamiento del Desorden de oposición desafiante, Manejo de la culpa, Manejo de la cólera, Afrontamiento del stress, Manejo de la agresividad, Consejería vocacional, Incremento de vocabulario, Recuperación del uso de substancias adictivas, Prevención para recaídas en el uso de drogas, Seguridad personal: manejo de amenazas, molestias sexuales y asaltos, Violencia doméstica, Abuso de menores, Educación de los hijos, Participación de los familiares en la rehabilitación, Motivación y cambio conductual, Desarrollo de auto-estima, Habilidades para relacionarse con otros, Establecimiento de metas y prioridades personales, Alternativas a la violencia, Comunicaciones orales y escritas, Programación de presupuestos personales, Manejo apropiado del dinero, Preparación para el egreso, Utilización de los recursos comunales, Búsqueda de empleo al egreso del establecimiento penitenciario, Uso de servicios post-penales, Uso de computadoras, Tele-Educación, Tele-Medicina, Violencia y bandas, Negociación y mediación en situaciones de crisis, Educación a distancia, Rehabilitación de limitados físicos, Diseño de productos artesanales o industriales, Establecimiento de costos para producción y servicios, Control de calidad, Constitución de empresas productivas y Mercadeo y comercialización.
4) Desarrollar planes y programas de tratamiento penitenciario dirigidos a lograr los fines preventivo especial y resocializador de la pena, dentro de los cuales tengan un significado y sentido coadyuvador las acciones de educación, asistencia penitenciaria y trabajo.
5) Reorientar dentro del INPE en el E.P. de Chimbote los criterios de trabajo a fin que esta institución de prioridad en su trabajo a las labores del tratamiento penitenciario resocializador, fines de la pena y de la ejecución penal.
6) Implementar estrictos y eficaces controles para evitar el ingreso de la droga en el establecimiento penitenciario de Chimbote, sancionando con la más extrema severidad que permita la ley a los servidores penitenciarios y policías que se encuentren implicados en este delito y la corrupción.
7) Las recomendaciones que se realizan en la presente tesis son aplicables a todos los establecimientos penitenciarios del país, teniendo en consideración nuestra conclusión Nº 10.
8) Se debe poner especial énfasis en el análisis de los principales problemas estructurales del Sistema Penitenciario nacional y en las recomendaciones formuladas en el transcurso del último quinquenio, principalmente por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) y la Comisión Especial que elaboró el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario.
9) Con relación a la reincidencia delictiva, se recomienda aplicar medidas de mayor severidad a los ex condenados que recaen en la comisión de nuevas conductas delictivas, a menudo cada vez más graves. En este sentido debe considerarse una restricción en la aplicación de los beneficios penitenciarios a quienes son reincidentes.
10) Tal como sucede en otros países, se propone la creación e implementación en nuestro país de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria con el propósito de salvaguardar los derechos de los internos, con miras a ofrecer un mecanismo de control jurisdiccional de la actividad penitenciaria en contra de la arbitrariedad en las actuaciones del poder ejecutivo, atribuyéndoles el papel de resolver, en sede judicial, cuantas cuestiones puedan plantearse en el ámbito de la ejecución de las penas privativas de libertad.
11) Otra buena opción es privatizar el Establecimiento Penitenciario de Chimbote, teniendo en cuenta el tratamiento penitenciario en su objetivo resocializador y tomando la experiencia aplicada en varios países, como Chile o Estados Unidos, donde el inversionista se responsabiliza del control interno del penal, así como de la alimentación, salud y limpieza, mantenimiento de infraestructura, pero no de la seguridad externa y las normas que seguirían siendo de competencia del INPE y que tiene la ventaja de un crédito blando que se paga en no menos de 20 años.
12) Dentro de un proceso de reforma considero que, en paralelo, debe existir un trabajo coordinado con el Poder Judicial para tratar de tener procesos penales más rápidos y así determinar la inocencia o la culpabilidad de las personas recluidas, dado que, a consecuencia de la lentitud procesal de la justicia se contribuye más al hacinamiento penitenciario en el Penal de Chimbote, que a su vez dificulta considerablemente el proceso de resocialización penitenciaria.
13) Las autoridades del INPE deben implementar políticas y programas, que garanticen la seguridad ciudadana para evitar que las cárceles sean utilizadas como centros de planificación de secuestros u otras acciones delictivas.
14) En los Juzgados Penales de Chimbote se debe otorgar mayor importancia a la aplicación de instituciones despenalizadoras en el Código Penal, como la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio, la exención de pena, la conversión de pena y la sustitución de penas, que considero constituye un acierto del legislador, dado que mediante ellas se evita imponer o ejecutar pena privativa de libertad efectiva a quien es encontrado responsable de la comisión de un delito, reduciendo de este modo el hacinamiento carcelario.
15) Se debe conceder el otorgamiento de los recursos suficientes al área de tratamiento penitenciario, los que estarán en concordancia con los planes y programas que se desarrollen dentro del E.P. de Chimbote.
16) Dentro del E.P. de Chimbote, el personal penitenciario encargado del tratamiento resocializador debe ser adecuadamente seleccionado, capacitado y preparado para realizar su labor orientada en beneficio de los internos; y a   falta de personal penitenciario debe suplirse con personal seleccionado de entre los egresados de institutos superiores y universidades públicas y privadas, a quienes se deberá proporcionarles una formación en concordancia con los fines de la ejecución penal.
17) La universidad peruana y las instituciones educativas superiores, tienen un rol muy importante en el desarrollo del país y deben de acercarse al problema del sistema penitenciario peruano enfocado al tratamiento resocializador en el que están involucrados más de 200,000 peruanos, atendiendo con mayor conciencia e importancia a la investigación criminológica penitenciaria en donde existe mucho por hacer y mejorar, y sobre todo especialmente en el E.P. de Chimbote.

BIBLIOGRAFÍA:

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Notas:


[*] El presente es el resumen de un trabajo más amplio. La autora es Abogada por la UPSP, Maestra en Derecho Penal por la UNFV; con Diplomado en Derecho Penal, Diplomado en Criminalística; Cursos de Especialización en Derecho Penitenciario, Especialista en Comercio Exterior y Aduanas; Egresada del Programa de Doctorado en Derecho por la UPAO; Licenciada en Educación Secundaria en la especialidad de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Cursando el Tercer ciclo de Maestría en Educación Universitaria y Gestión Educativa en UAP. Docencia Universitaria en ULADECH, USP. Todos los Estudios realizados en Perú.



Texto incorporado el: 2010/04/18. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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