La política de mano dura y el síndrome de la lámpara de Aladino

Por Emanuel Gonzalo Mora

 

Introducción y advertencia previa:


Me dispongo a escribir éstas líneas movilizado por la vuelta de las campanas sonantes  que reclaman, una vez más, otra reforma –o parche más bien- del Código Penal argentino provocado, otra vez, por las noticias de un nuevo crimen aberrante que causó la tan temida “alarma social”.
Advierto a mis colegas que emplearé un lenguaje lo más coloquial que sea posible, que intentaré ser breve y que omitiré todo tipo de tecnicismos reservados a nosotros, los juristas, pues mi destinatario principal no serán los abogados, jueces y funcionarios públicos, sino los ciudadanos de a pie, aquellos que reclaman el endurecimiento de la respuesta penal. También evitaré todo tipo de citas sabiendo, desde el vamos, que la idea no es “hacer doctrina”, sino transmitir un mensaje mediante la libre asociación de ideas, sin aprisionamientos dogmáticos.



La tendencia de ir hacia el espejo de agua y el ciclo del eterno retorno:

Si una persona camina por el desierto durante horas, se garantiza padecer hambre y sed, eso le generará una necesidad de alimento urgente. Quienes suelen andar en el desierto, saben muy bien que, muchas veces, en el horizonte aparece un espejo de agua, movilizando al caminante a dirigirse hacia él para, finalmente y luego de horas, darse cuenta que era un espejismo, que no había ninguna fuente de agua y que todo fue un engaño óptico provocado por el efecto de la luz solar en la arena.
No es muy distinta la tendencia social de pedir el incremento indiscriminado de penas ante casos mediáticos.
Los seres humanos ostentamos una natural tendencia, en general, a procurar la solución lo más sencilla que sea posible solo que, muchas veces, ello no es viable. Ya tuvimos, hace más de 10 años, un efecto similar –aunque a mayor escala-, el “efecto Blumberg”, con marchas multitudinarias reclamando justicia por la muerte del joven Alex Blumberg, que fuera secuestrado y asesinado en medio de las negociaciones del rescate.
El resultado del reclamo popular fue una modificación del Código Penal y su endurecimiento, con un catálogo de delitos que no pueden obtener la libertad condicional, salidas transitorias y otros beneficios –delitos sexuales, ciertos homicidios, secuestros, etc-, sumado al incremento de pena posible en caso de pluralidad de delitos de hasta 50 años de prisión que pueden imponerse. De hecho, ya existen condenados a 40, 30 o más años de prisión producto de dicha reforma.
La población debería saber –“debería” porque parece que tiene poca memoria- que esta reforma lleva más de 10 años de vigencia y que el motivo de su entrada en vigor fue la emergencia fundada en la llamativa oleada de secuestros ocurrida, sugestivamente, en la época del hecho que victimizara al pobre Axel y a su familia.
El paquete de leyes Blumberg, siendo el padre de Axel quien se erigió en el paladín que enfrentó a los jueces blandos y garantistas con su mensaje de mano dura, se apuntalaba en el combate contra la delincuencia, en su noble propósito de evitar mayores delitos a partir del duro castigo a sus culpables.
Bien, pasaron más de 10 años, 13 para ser más precisos, ¿cuál ha sido el éxito de la reforma?, ¿descendió la criminalidad?, ¿se dejaron de cometer homicidios, secuestros y violaciones?, creo que no necesito dar la respuesta.
El eterno retorno se hace evidente, volver a buscar la misma solución tiene el mismo sentido que caminar en el desierto, dirigiéndose hacia el espejismo para beber agua.



La peligrosa generalización y el etiquetamiento. La repetición de una mentira hasta que se convierte en verdad. Las consecuencias del doble discurso y la doble moral.

Existe un cierto consenso, basado en la reiteración, una y otra vez de las mismas experiencias, en el bombardeo televisivo, radial, en la palabra de “expertos” y de periodistas de policiales que tienen “autoridad”,  de que existe una “puerta giratoria”, de que los jueces blandos son garantistas y de que los buenos jueces, los que necesita la sociedad, son los jueces duros, los jueces sheriff, esos que ganan popularidad al reclamar penas más duras y castigo.
¿Puerta giratoria?, existe hacinamiento en todas las cárceles bonaerenses y diría de toda la República Argentina. Si no hay espacio para meter más presos, ¿cómo se explica la puerta giratoria?, ¿hacemos más cárceles para meter más presos?, ¿cuántas más?, tenemos más de 40.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires, ¿hacemos espacio para 60.000 más acaso?, ¿y cuando tengamos ocupado el espacio para los 100.000 detenidos?, ¿100.000 más?, ¿y cuando tengamos 200.000 detenidos?, los números no cierran y nadie se pone a pensar en las consecuencias que trae el discurso de la puerta giratoria. Mientras tanto, los docentes bonaerenses siguen esperando el aumento de su sueldo.
Pero necesitamos presos, necesitamos ver que las prisiones se llenan, que rebalsan de cuerpos sucios, malolientes y que beben agua del inodoro para sentirnos seguros, para sentir que somos una sociedad justa, que le da a cada quien lo que se merece.
Necesitamos jueces sheriff, jueces que no duden un segundo en imponer 50 años de prisión, aunque nada cambie y todo siga igual.
Los jueces garantistas, los jueces blandos, los jueces Zaffaroni, esos no sirven porque protegen a los delincuentes, hacen a la sociedad más insegura.
Pero surge una pregunta: ¿son los jueces los que cometen los delitos?, ¿tiene el juez una especie de bola de cristal que le permite saber quien reincidirá y quién no?, ¿tienen los psicólogos y psiquiatras acaso el poder de vaticinar el futuro?, ¿todos los condenados del país son psicópatas?
Somos amantes de los jueces y profesionales “pitonisos”, esos que se niegan a dar libertades por las dudas, por si acaso a éste o a aquél se le ocurre reincidir.
Claro que esos jueces, en realidad, obran más por el temor a un juicio político que por verdadera convicción que, en todo caso, me parecería más respetable.
Pero, ante hechos que nos conmueven, tenemos esa natural tendencia a generalizar, a evitar todo análisis profundo del fenómeno, preferimos etiquetar, “las penas están para ser cumplidas, nadie tiene porqué salir antes” es el slogan de moda.
Según los tratados de derechos humanos que la Argentina firmó, la prisión debe “readaptar” al delincuente. Bien, todos sabemos perfectamente que esto es una utopía, un romanticismo. Yo mismo escribí un artículo dedicado al tema en donde consideraba necesaria la eliminación de la cárcel. Ése artículo, hoy en día, tiene para mí el mismo valor que el papel higiénico del baño y por varias razones.
Primera, porque por mucho que sostenga –y de hecho lo sigo pensando- que la prisión no sirve absolutamente para nada, la realidad es que el grueso de la población cree en ella, cree en su simbología, en su carácter de tacho de basura de lo que no queremos ver, y porque es un verdadero canalizador de la venganza. Sobre esto volveré más adelante.
Finalmente, porque cualquier intento terapéutico tendrá un inconveniente: nadie puede ser “curado” si, primero, no quiere. Si una persona comete un delito, por mucho que quiera mejorarlo, no podré hacerlo si no es a partir de la propia decisión del condenado, con lo cual, la regla general cae y, con ella, su necesidad o utilidad.
No obstante la evidencia de que la resocialización es una completa fábula, muchos jueces y abogados caen en la comodidad del doble discurso, proclaman la terapéutica criminal para mejorar al reo pero, simultáneamente, reclaman penas eternas que demandan décadas de cumplimiento, aun a sabiendas de que la cárcel es un lugar donde el reo, más bien, empeora y potencia sus “cualidades delictuales”. Un completo absurdo, desde todo punto de vista.
Luego, la pena talional, al estilo de la castración química, la pena de muerte, etc, exigiría eliminar toda posibilidad de doble discurso, retirándose la Argentina de cuanto tratado internacional de derechos humanos a firmado, pagando el costo político internacional respectivo y decidiéndose, definitivamente, por un sistema absolutamente retributivo y de puro castigo, acorde a los deseos de la población pero a sabiendas del retroceso histórico que ello implicaría.
Un sistema así concebido significaría la consagración de la doble moral, del reconocimiento franco de que la pena privativa de la libertad es pura canalización de la venganza, es puro sentimiento social de castigo puesto en práctica y sin importar, en absoluto, qué es lo que pasa con el condenado, pues este es reducido a un número de estadística, un objeto de deseo, un apedreado, un blando de castigo social.
La violencia solucionada con otra respuesta violenta, otra vez el eterno retorno hace su magistral aparición. No cabe duda que el derecho penal es el más emocional y menos racional de los derechos.
Somos una sociedad violenta, una sociedad que responde con agresividad ante los conflictos, una sociedad que cree que encerrar a los perros rabiosos, que ladran, que muerden, es la solución que debe darse. Adelante, enfaticemos el encierro y hagamos una cárcel en cada esquina de nuestras ciudades, en cada villa miseria, en cada barrio humilde.
Encerremos y veamos indiferente al pibe de 10 años pidiendo monedas en la esquina, o a la piba de 15 prostituyéndose, o al limpia-vidrios que pasa el trapo por una moneda de un peso.
Encerremos a más delincuentes, aun cuando sepamos que existe una policía corrupta, muchas veces cómplice y artífice de la venta de drogas, del robo de casas, etc.
Simplifiquemos y no analicemos nada, penas más duras y santo remedio, aun cuando sepamos que la pastilla no es un antibiótico sino solo azúcar compactada.
Todo intento de simplificación del discurso, sea periodístico, judicial, etc, chocará contra este tipo de dilemas y probablemente el público, desprevenido como siempre, ni siquiera lo notará.


La utilidad del derecho penal y el efecto “lámpara de Aladino”.

Concluyendo, como sociedad procedemos como el muchacho que se encuentra la lámpara de Aladino, la frota y sale el genio, concediéndole los famosos tres deseos.
Para nosotros, la lámpara de Aladino es el Código Penal, lo frotamos –le hacemos reformas- buscando que un genio emerja y solucione nuestras penurias.
La realidad es que la pena y, con ella, el derecho penal, no cumple ninguna de las funciones que dice cumplir –salvo la del castigo, que es la que claramente sí cumple a rajatablas- en vano buscaremos en ella una menor cantidad de delitos cometidos, no será la respuesta para la existencia de una sociedad más segura, ya la experiencia se ha encargado de mostrarnos que un aumento de las penas no va a redundar en una menor conflictividad social, lamento decirles a los ciudadanos que ello no va a pasar.
La pena de prisión perpetua para los femicidios no impide que se sigan cometiendo. No hay vigencia real para el “ni una menos”, más bien será “una más”, muchas más, incontables cadáveres más de mujeres víctimas de la violencia de género que se seguirán velando y enterrando.
Los 50 años de prisión que permite la reforma Blumberg no persuadió a los nuevos criminales de no comenzar a delinquir ni a los antiguos delincuentes de abandonar la senda delictiva.
¿Puede pedirse un endurecimiento de las penas?, si, ¿puede exigirse la rebaja de la edad de la imputabilidad de los menores?, también, ¿podría exigirse la pena de muerte si Argentina se retirase de los tratados de derechos humanos?, sin lugar a dudas. Lo que no debe hacerse es mentirle descaradamente a la población y venderle espejos de colores, afirmando que eso solucionará los problemas de seguridad.
Que un penalista o un político promueva reformas penales para endurecer la legislación criminal bajo el prisma y la promesa de combatir la delincuencia sería equivalente a que un médico le prometa a un enfermo de HIV la cura de su enfermedad con la vacuna que tiene en su bolsillo. Le estaría mintiendo, tan simple como ello.
Es hora de abrir los ojos y dejar de frotar la lámpara de Aladino, comenzar un debate honesto, maduro y libre de prejuicios. Llegó la hora de abandonar la típica neurosis de la adolescencia para la sociedad argentina.




Notas:
[*] El autor es abogado, actualmente Auxiliar Letrado Relator por ante la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, autor de varios artículos en revistas jurídicas, tanto digitales como escritas. Participó como ponente en el libro de ponencias editado por editorial La Ley titulado “XI encuentro de profesores de derecho penal de la República Argentina” y autor de la obra “El principio de ejecución en la tentativa y la teoría del riesgo” (Cathedra Jurídica).

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