ISSN 1853-1105





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Inadmisibilidad del hábeas corpus. Libertad asistida. Leyes 12.256 y 24.660. Aplicación.
Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala II, causa nº 35.632 caratulada "C., A. M. s/ Habeas Corpus", rta. 4/12/08.

En la ciudad de La Plata a los 4 días del mes de diciembre de dos mil ocho reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires doctores Fernando Luis María Mancini y Carlos Alberto Mahiques (art. 48 Ley 5827), bajo la Presidencia del primero de los nombrados, desinsaculados para resolver la acción de habeas corpus en la presente causa, practicado el sorteo de ley resultó en la votación que debía observarse el orden siguiente: MAHIQUES – MANCINI. 

A N T E C E D E N T E S
Llegan las presentes actuaciones judiciales a conocimiento de este Tribunal en virtud de la acción de hábeas corpus deducida por la señora defensora oficial del Departamento Judicial Zarate-Campana, doctora María Mercedes Aristía.
Cumplidos los trámites de rigor, esta causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió tratar y votar las siguientes

C U E S T I O N E S
Primera: ¿Es admisible la presente acción de hábeas corpus?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor juez doctor Mahiques dijo:

I) Señaló la accionante que interpone la presente acción de habeas corpus por entender que en la presente causa se verifica un motivo de gravedad institucional, toda vez que se encuentran comprometidas garantías constitucionales, lo cual implica el tratamiento en Casación. Mencionó que las mismas son el principio de legalidad, el juez de Ejecución Penal realizó una interpretación restrictiva de la ley 24.660 en perjuicio de los derechos de su asistido y la libertad. Agregó que dichas garantías no se vieron resguardas en las instancias inferiores con lo cual corresponde intervenir a este Tribunal de conformidad con el art. 405 del Código Procesal Penal.
Señaló que su asistido cumple con los requisitos exigidos tanto por la ley provincial 12.256 como  nacional 24.660 para acceder al beneficio de la libertad asistida y no obstante ello la misma fue denegada por el Juzgado de Ejecución y por la Cámara de Apelación y Garantías. Denunció que los informes elaborados resultaron beneficiosos para el causante.
Entiende que la ley nacional resulta operativa para todo el país, la cual regla principios y modalidades básicas de ejecución de las penas y que la ley provincial debe ser concordada con la federal, quedando en las mismas la posibilidad de otorgar mayores beneficios a los condenados en sus jurisdicciones. En razón de ello la ley 12.256 posibilita acceder a la libertad asistida seis meses antes del término previsto por el art. 13 del Código Penal. Por lo tanto corresponde aplicar la ley nacional, la cual solo tiene previsto la imposibilidad de otorgar la libertad asistida a quienes resulten condenados por delitos contra la integridad sexual en los cuales resultare la muerte de la víctima, supuesto que no es el de autos, agregando que las excepciones previstas en ambas legislaciones fueron introducidas con posterioridad a la comisión del hecho .
Por último solicitó, en razón de lo expuesto, se case el resolutorio dictado por la Cámara de Apelación y Garantías y se le conceda a A. M. C.la libertad asistida prevista en las leyes señaladas.

II) Esta Sala ha establecido en reiteradas oportunidades que según lo dispuesto en los artículos 406 y 417 del Código Procesal Penal, la restringida competencia del Tribunal de Casación Penal limitada exclusivamente al conocimiento por la vía recursiva de la acción de habeas corpus, impone concluir que no es éste el “órgano jurisdiccional” de la provincia al que le corresponda intervenir en forma originaria en la tramitación del instituto que dio origen a la presente (conf. causas N° 20.506 “S. E. A. s/acción de habeas corpus”, sent. del 18-VIII-05, Reg. N°318 y 24.531 “G. , E. A. s/ acción de habeas corpus”, sent. del 31-VIII-06, Reg. N° 462; entre otras).
Conforme surge además de la certificación actuarial de fs. 57, contra la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana se interpuso recurso de casación, razón por la cual se advierte la utilización de una multiplicidad de vías para cuestionar idéntica resolución, lo que evidencia que conforme los carriles normales del proceso se pretende se de respuesta al rechazo de la libertad asistida solicitada, abasteciendo ello sólo el rechazo del instituto en trato de perfiles excepcionales.

III) Sin perjuicio de lo expuesto, y ya sobre el fondo de la cuestión debatida, corresponde se efectúen algunas precisiones.
 Conforme surge explícito del texto de la ley 24.660 y es ello pacíficamente aceptado, la referida norma contiene disposiciones de carácter netamente administrativo, otras del orden formal y finalmente aquellas vinculadas a la ley de fondo.

IV) Esta distinta naturaleza jurídica, planteada, como también sucedió con la Ley Penitenciaria Nacional, dificultades interpretativas en orden al ámbito de su aplicación en función de las prescripciones de los artículos 228 y 229.
 Es que en consideración a tal como lo dispone el último de los artículos mencionados, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad 24.660, es complementaria del Código Penal y, por ello, las “concordancias” a las que se refiere el artículo 228, no puede tener otro alcance que el relativo a las disposiciones de carácter administrativo o procesal para el pretendido objetivo señalado de unificar a nivel nacional la ejecución penal.
 Ello, que parece una obviedad de orden constitucional, en tanto la materia de fondo fue delegada por las provincias a la Nación para garantizar la uniformidad de las leyes de aquella naturaleza, en el caso concreto del cumplimiento de las penas privativas de la libertad en el territorio de la República, -que no sobra decirlo, no nace con el dictado de la referida ley de ejecución sino que tal pretensión puede encontrarse ya en el proyecto de la ley penitenciaria elaborada por Rodolfo Moreno en el año 1922, mediante el que se pretendía la regulación de un régimen de ejecución penal único en todo el país-, presenta sin embargo perfiles propios que cuanto menos, ponen en tela de juicio aquel principio general.

V)Como para ingresar en el análisis de aquella problemática basta con señalar la Ley 12.256 de Ejecución Penal de esta Provincia, dictada con posterioridad a la que regula idéntica materia en el orden nacional, no solo se aparta de sus disposiciones, sino que en su artículo 2 establece la exclusiva aplicación de la mencionada ley local –a los fines de asegurar el principio de igualdad de trato- cualquiera fuera la autoridad judicial, provincial, nacional o extranjera a cuyo cargo los detenidos se encuentren y regula la procedencia de institutos que se vinculan directamente con el cumplimiento de las penas de prisión, no solo en las garantías relativas a la calidad del encierro, sino directamente en su cuantía, como es el caso no previsto por la legislación nacional en tanto regula la viabilidad del instituto de la libertad asistida seis meses antes del término para la libertad condicional.
 Como claramente puede advertirse entonces, la pretendida aplicación en todo el territorio del estado nacional de la ley 24.660 no pare como viable y de allí puede extraerse, como lo hace buena parte de la doctrina, una afectación al principio de igualdad ante la ley establecido por el art. 16 de la Constitución Nacional, dado que en definitiva la aplicación en el caso de la ley local produce una modificación cuantitativa del encierro ya que “dos penas que se ejecuten de modo diferente, son diferentes” (cfr. Zaffaroni, Raúl Eugenio T. D. Penal Tomo I pág. 200 y ss).

VI) También se ha sostenido que “las normas de la ley de ejecución constituyen la reglamentación mínima de derechos humanos reconocidos constitucionalmente ...”, lo que lo ha llevado a señalar que siempre que una disposición de la ley local admita la posibilidad de morigerar los efectos desocializadores de la pena otorgando mayores beneficios al detenido, resulta plenamente aplicable, en desmedro de la legislación nacional. Sin embargo dicha posibilidad parece estar reservada con exclusividad a la forma en que el encierro se cumple, pero no parece posible, -sin una clara afectación al principio de igualdad ante la ley establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional-, que aquella divergencia se vincule con el tiempo del encierro mismo.
 Si el instituto de la libertad asistida fue creado por la ley 24.660, complementaria del Código Penal (artículo 229), y tiene directa incidencia en el artículo 24 del mismo ordenamiento, no caben dudas en cuanto a que por su naturaleza, constituye una norma de carácter sustancial, que ninguna legislatura provincial podría modificar. Sostener lo contrario, aún con el argumento expuesto, resultaría tan insostenible como que una ley local modificara el tiempo mínimo de encierro para la obtención de la libertad condicional. Esto es así, ya que, aunque esta última se encuentra prevista expresamente en el código y aquella no, ambas participan de idéntica naturaleza y, consecuentemente, su modificación, además de entrañar legislar sobre la materia delegada a la nación, produce sin más, entre otras cuestionables consecuencias, una clara desigualdad ante la ley, desde que quien fue condenado por la justicia de esta provincia podría sufrir un encierro menor que alguien que en idéntica circunstancia fuera condenado por la justicia nacional o de otra jurisdicción con estricto apego a lo normado por la ley 24.660.

VII) Por lo expuesto y en la inteligencia de que la legislación que regula la materia corresponde de conformidad con los arts. 75 inc. 12 y 121 de la CN, al Gobierno Federal, tanto lo estatuido por el artículo 104 de la ley 12.256, como la cuestionada disposición contenida en el artículo 100 de la misma ley, resultan inaplicables al caso, en razón de confrontar sus disposiciones con las previstas en la ley 24.660, que como norma complementaria del Código Penal, resulta en la especie de entera aplicación.
 En consecuencia, no advierto la afectación de orden constitucional denunciada que habilite la competencia de este Tribunal en la cuestión en trato, razón por la cual, como se anticipó la acción intentada no puede prosperar.
 En razón de lo dicho, y toda vez que no surge de los términos de la presentación en trato la existencia de circunstancias límites de arbitrariedad, denegación de justicia o absurdo que habilite a excepcionar la regla general antes enunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 405, 406, 417, 448 y 450 del Código Procesal Penal, a esta primera cuestión, voto por la negativa.
Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por los mismos fundamentos exclusivos en lo que respecta al tema planteado acerca de que no existen razones de excepcionalida que habiliten la competencia de este Tribunal en el caso, con lo cual brindo mayoría perfecta, sin necesidad de explayarme sobre cuestiones colaterales.
Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Mahiques dijo:
En atención al resultado que arroja la votación que antecede, corresponde rechazar por inadmisible la acción de hábeas corpus intentada, sin costas (arts. 405, 406, 417, 448, 450, 530 y 531 del C.P.P.).
Así lo voto.

A la misma cuestión planteada, el señor juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto del doctor Mahiques en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente 

S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal R E S U E L V E: 

RECHAZAR POR INADMISIBLE la acción de hábeas corpus deducida por la señora Defensora Oficial, doctora María Mercedes Aristía, en favor de A. M. C., por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión, sin costas (arts. 405, 406, 417, 448, 450, 530 y 531 del C.P.P.).
Regístrese y notifíquese.

CARLOS ALBERTO MAHIQUES – FERNANDO LUIS MARIA MANCINI
Ante mi: GONZALO SANTILLAN



Texto incorporado el: 2009/06/28. Revista de actualización permanente. Se recomienda citar: Apellido, Nombre. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea]. Disponible en: http://www.derechopenalonline.com

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